Conflicto universitario: paro de actividades y marcha a plaza Independencia

General17/10/2024RedacciónRedacción
Foto: ADIUNT
Foto: ADIUNT.

Las universidades llevarán a cabo este jueves un paro de 24 horas en protesta contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta medida se enmarca en el contexto de tomas en las instituciones de educación superior y clases públicas. El Frente Sindical de Universidades Nacionales ha decidido intensificar su lucha tras la aprobación del veto gubernamental al proyecto presentado por la UCR y Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. En un comunicado, el gremio afirmó: "El Frente Sindical ha resuelto profundizar el plan de lucha frente al gobierno nacional, que nos ha privado de la herramienta de la Ley de Financiamiento Universitario".

En Tucumán, se convocó a docentes, estudiantes y toda la comunidad a sumarse a la marcha que partirá, a las 18 hs, desde el Rectorado hacia Plaza Independencia.

Por otro lado, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó un dictamen que establece que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actuará como órgano auditor de las universidades nacionales. Este sistema de control interno está previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.º 24.156. La resolución fue comunicada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, en respuesta a solicitudes de legisladores del PRO y el MID dentro de las mesas de trabajo del Gobierno.

Hasta ahora, solo la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso y es encabezada por Juan Manuel Olmos, podía llevar a cabo auditorías. La conclusión del dictamen de Barra sostiene que, a la luz del texto constitucional modificado en 1994 y de la normativa y doctrina existente, el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera es aplicable a las universidades nacionales. Se argumenta que este control no infringe la autonomía funcional ni la autarquía administrativa-financiera que la Constitución Nacional les otorga, y que está reglamentada por la Ley de Educación Superior N.º 24.521.

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