Diputados dio dictamen a la reforma de Inocencia Fiscal y excluyó a funcionarios públicos

El proyecto que busca ampliar el régimen de Inocencia Fiscal obtuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, luego de que el oficialismo aceptara incorporar una cláusula que impide a determinados funcionarios públicos acceder a los beneficios del sistema. El acuerdo permitió sumar el respaldo de bloques aliados y dejó la iniciativa en condiciones de ser debatida en el recinto el próximo 26 de agosto.

El despacho fue elaborado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, encabezadas por Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado. La propuesta contempla modificaciones a la Ley N° 27.799, a la Ley de Procedimiento Tributario y al Registro del Trabajo Rural. Además, su tratamiento parlamentario está previsto en conjunto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La exclusión de funcionarios se convirtió en uno de los puntos centrales de la negociación política. El oficialismo incorporó la medida luego de las dudas planteadas por distintos sectores aliados respecto del alcance que podría tener el régimen para personas que hubieran ocupado cargos públicos.

El nuevo texto establece que no podrán acceder a los beneficios quienes hayan ejercido, durante los cinco años previos a su adhesión, determinados cargos de relevancia en los ámbitos nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La restricción comprende, entre otros, a funcionarios con rango de secretario de Estado o superior, legisladores, concejales, parlamentarios del Mercosur, magistrados, integrantes del Ministerio Público, defensores del Pueblo y miembros del Consejo de la Magistratura y de jurados de enjuiciamiento.

La iniciativa también establece que esas personas podrán utilizar el sistema simplificado únicamente para presentar la declaración jurada de Ganancias y pagar el impuesto correspondiente. Quedarán excluidas, en cambio, de las presunciones de exactitud, las liberaciones de fiscalización y cualquier otro beneficio tributario contemplado por el régimen.

Durante la discusión, Rodríguez Machado remarcó que la exclusión busca evitar interpretaciones que puedan favorecer a quienes hayan formado parte de la administración pública y sostuvo que la transparencia debe ser un principio central para el ejercicio de la función estatal.

El dictamen incorpora, además, modificaciones destinadas a reducir determinadas cargas tributarias. Entre ellas figura una rebaja permanente del 25% en las multas formales previstas por la Ley N° 11.683 para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro. La reducción se aplicaría automáticamente, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

También se mantiene una reducción del 50% para determinadas multas formales cometidas con anterioridad, siempre que no se encuentren firmes ni hayan sido abonadas y que el contribuyente regularice la situación correspondiente.

Otro de los cambios apunta a establecer parámetros más precisos para las fiscalizaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo podrá considerar que existe una discrepancia significativa cuando una revisión determine un aumento del impuesto o una disminución de quebrantos de al menos el 15%, o cuando la diferencia supere el monto fijado por el Régimen Penal Tributario. Las diferencias que se encuentren por debajo del 5% de ese límite quedarían fuera de esa consideración.

La nueva versión del proyecto también amplía el universo de contribuyentes que podrán ingresar al régimen, al eliminar los límites vinculados con los ingresos anuales y el patrimonio que establecía la normativa original. De esta manera, el esquema quedaría disponible para las personas humanas, aunque los Grandes Contribuyentes Nacionales permanecerían excluidos de las presunciones, efectos liberatorios y demás beneficios previstos.

Desde el oficialismo defienden la iniciativa como una herramienta destinada a otorgar mayor previsibilidad al sistema tributario y reducir la carga sobre contribuyentes y pequeñas y medianas empresas que cumplen con sus obligaciones.

Con el dictamen ya aprobado, el proyecto quedó habilitado para llegar al recinto el 26 de agosto. La estrategia oficial contempla avanzar luego hacia el Senado, aunque el Gobierno reconoce que los tiempos parlamentarios dificultan que la norma entre en vigencia antes del 27 de agosto, fecha establecida como límite para la presentación de las declaraciones juradas de Ganancias de personas humanas.