El organismo de control de los servicios públicos provinciales oficializó una nueva etapa en el esquema eléctrico con la publicación de la Resolución 240/26, en la que se detallan los alcances de la Revisión Tarifaria Integral (RTI). Se trata del proceso que, cada cinco años, redefine los cuadros tarifarios en base a variables técnicas, económicas y estándares de calidad.
La medida, que atravesó instancias de participación como audiencias públicas, apunta a dar previsibilidad tanto a los usuarios como al funcionamiento general del sistema energético en Tucumán. En ese contexto, uno de los ejes centrales es la actualización de los ingresos de la empresa distribuidora para sostener el servicio.
De acuerdo con los estudios realizados, se estableció una suba promedio del 18% en la tarifa eléctrica. El incremento se aplicará de manera escalonada: un 13% comenzará a regir tras su publicación oficial y el resto se incorporará desde mayo. Desde el ente explicaron que la recomposición responde a la necesidad de garantizar la operatividad y financiar un paquete de inversiones orientadas a mejorar la calidad del suministro.
Estas obras estarán incluidas en un Plan Obligatorio de Inversiones que será monitoreado y certificado anualmente por el organismo regulador, en línea con lo ocurrido en revisiones anteriores.
En paralelo, la RTI introduce cambios con impacto directo en los usuarios. Entre ellos, se ratifica la continuidad de la Tarifa Social destinada a sectores vulnerables, que equivaldrá al 37% del cargo que anteriormente se denominaba Cargo por Uso de Red y que ahora pasará a llamarse Cargo por Disponibilidad de Red (CDR).
También se ajustaron los rangos de consumo en el segmento residencial, con modificaciones en dos escalones para alinearlos con los niveles reales de demanda. Para los usuarios no residenciales, se sumó una categoría intermedia dentro de la tarifa T1G, con el objetivo de evitar saltos bruscos en la facturación.
Otra novedad relevante es que los períodos con consumo cero serán incorporados al cálculo del promedio que define la categoría tarifaria de cada usuario, tanto en el segmento residencial como en el general.
Si bien la empresa distribuidora presenta actualmente indicadores de calidad por encima del promedio nacional, la revisión fija nuevas metas que implicarán reforzar los sistemas de medición y control. En ese marco, también se prevé avanzar con un plan de modernización que contempla la instalación progresiva de medidores digitales durante el próximo quinquenio.
Además, se impulsa la generación distribuida, promoviendo que los usuarios puedan producir su propia energía —como en el caso de los paneles solares— e inyectar excedentes a la red. El valor de esa energía será definido por el ente regulador e incorporado al esquema tarifario, generando un incentivo económico para quienes adopten estas tecnologías.
El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir desde el 28 de abril de 2026 y definirá las condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico en la provincia para los próximos cinco años.
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