La resolución fue adoptada por la jueza Ana Cecilia Escobar, quien descartó conceder la libertad anticipada solicitada por los abogados Víctor Padilla y Leopoldo Campos, aunque habilitó una ampliación de las condiciones de libertad acotada que actualmente disfruta el interno.
Orellana cumple una condena a prisión perpetua dictada en agosto de 2008 por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado. La sentencia estuvo vinculada al crimen de Adrián Mansilla, un empleado de un polirrubro que fue secuestrado en agosto de 2003 en la zona de la ex terminal de ómnibus de San Miguel de Tucumán.
Durante semanas no se conoció el destino de la víctima hasta que un testigo reveló que Mansilla había sido obligado a subir a un automóvil, trasladado a un paraje de Famaillá y ejecutado de un disparo en la cabeza. Posteriormente, su cuerpo fue enterrado. Esa declaración fue corroborada en octubre de ese año cuando los restos fueron finalmente hallados por los investigadores.
La causa estuvo rodeada de fuertes controversias desde sus inicios. Entre los episodios más resonantes se denunciaron presuntas presiones sobre funcionarios judiciales, el apartamiento de los comisarios que encabezaban la investigación y un acuerdo alcanzado entre los representantes legales de Orellana y la familia de la víctima, situación que derivó en el retiro de la querella del proceso.
De acuerdo con la investigación judicial, el homicidio habría estado relacionado con la supuesta sustracción de droga perteneciente a Orellana por parte de Mansilla.
A lo largo de los años, la figura de “Piki” Orellana también generó repercusiones dentro del Servicio Penitenciario. Con autorización de las autoridades carcelarias, organizó distintas celebraciones en Villa Urquiza, entre ellas festejos por el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño y también eventos vinculados a sus cumpleaños, situaciones que despertaron comentarios dentro y fuera del establecimiento penitenciario.
Los letrados destacaron los informes favorables elaborados por los profesionales que lo asisten y remarcaron que Orellana mantuvo una conducta adecuada durante las cuatro salidas transitorias mensuales de seis horas cada una que actualmente posee. También informaron que ya se había definido una vivienda para su residencia en caso de recuperar la libertad y que contaba con una propuesta laboral en un polirrubro de Famaillá.
Sin embargo, el auxiliar fiscal Gonzalo García se opuso al planteo. El representante del Ministerio Público sostuvo que los especialistas que evaluaron al condenado concluyeron que aún debe continuar con tratamiento psicológico, ya que no reconoce plenamente la gravedad de los hechos por los que fue condenado. Según expuso, los informes indican además la presencia de rasgos narcisistas y una persistente convicción de haber actuado bajo una lógica de justicia por mano propia.
De acuerdo con la investigación judicial, el homicidio habría estado relacionado con la supuesta sustracción de droga perteneciente a Orellana por parte de Mansilla.
A lo largo de los años, la figura de “Piki” Orellana también generó repercusiones dentro del Servicio Penitenciario. Con autorización de las autoridades carcelarias, organizó distintas celebraciones en Villa Urquiza, entre ellas festejos por el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño y también eventos vinculados a sus cumpleaños, situaciones que despertaron comentarios dentro y fuera del establecimiento penitenciario.
En la audiencia reciente, los defensores argumentaron que su asistido ya cumplió más de 22 años de encierro efectivo sobre los 25 años exigidos por la legislación vigente al momento de su condena para acceder a la libertad condicional. Señalaron además que la sentencia fue dictada antes de la reforma legal que endureció los requisitos para las penas perpetuas.
Los letrados destacaron los informes favorables elaborados por los profesionales que lo asisten y remarcaron que Orellana mantuvo una conducta adecuada durante las cuatro salidas transitorias mensuales de seis horas cada una que actualmente posee. También informaron que ya se había definido una vivienda para su residencia en caso de recuperar la libertad y que contaba con una propuesta laboral en un polirrubro de Famaillá.
Sin embargo, el auxiliar fiscal Gonzalo García se opuso al planteo. El representante del Ministerio Público sostuvo que los especialistas que evaluaron al condenado concluyeron que aún debe continuar con tratamiento psicológico, ya que no reconoce plenamente la gravedad de los hechos por los que fue condenado. Según expuso, los informes indican además la presencia de rasgos narcisistas y una persistente convicción de haber actuado bajo una lógica de justicia por mano propia.
La postura de la acusación fue respaldada por Marta Pérez, madre de Adrián Mansilla, quien se presentó durante la audiencia para rechazar cualquier beneficio que implique la liberación del condenado. La mujer aseguró que Orellana debe cumplir la totalidad de la pena impuesta y relató un episodio intimidatorio que habría sufrido días antes de la audiencia.
Según declaró, dos hombres que se desplazaban en motocicleta la interceptaron en la vía pública y le advirtieron que no asistiera a la audiencia judicial. “Imagínese qué me puede pasar si sale en libertad”, expresó ante la magistrada.
Tras analizar los planteos de las partes, la jueza Escobar resolvió rechazar la libertad condicional y avaló los argumentos presentados por la fiscalía. Sin embargo, consideró viable ampliar los beneficios de reinserción social otorgados al condenado.
La resolución establece que las salidas transitorias pasarán de seis a doce horas. Además, una vez presentada y aprobada una propuesta formal de trabajo, Orellana podrá abandonar el penal de lunes a viernes para desarrollar tareas laborales durante un máximo de doce horas diarias.
De esta manera, el condenado sería trasladado diariamente a Famaillá para cumplir actividades laborales y luego regresar al penal de Villa Urquiza. Los sábados, en tanto, podrá utilizar ese beneficio para compartir tiempo con sus familiares.
Los abogados defensores anticiparon que impugnarán la decisión judicial en busca de revertir el rechazo a la libertad condicional, por lo que el expediente continuará su recorrido en instancias superiores.
Según declaró, dos hombres que se desplazaban en motocicleta la interceptaron en la vía pública y le advirtieron que no asistiera a la audiencia judicial. “Imagínese qué me puede pasar si sale en libertad”, expresó ante la magistrada.
Tras analizar los planteos de las partes, la jueza Escobar resolvió rechazar la libertad condicional y avaló los argumentos presentados por la fiscalía. Sin embargo, consideró viable ampliar los beneficios de reinserción social otorgados al condenado.
La resolución establece que las salidas transitorias pasarán de seis a doce horas. Además, una vez presentada y aprobada una propuesta formal de trabajo, Orellana podrá abandonar el penal de lunes a viernes para desarrollar tareas laborales durante un máximo de doce horas diarias.
De esta manera, el condenado sería trasladado diariamente a Famaillá para cumplir actividades laborales y luego regresar al penal de Villa Urquiza. Los sábados, en tanto, podrá utilizar ese beneficio para compartir tiempo con sus familiares.
Los abogados defensores anticiparon que impugnarán la decisión judicial en busca de revertir el rechazo a la libertad condicional, por lo que el expediente continuará su recorrido en instancias superiores.
