Sandra Mendoza anticipa su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno

Política04/08/2026RedacciónRedacción

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La senadora nacional por Tucumán Sandra Mendoza anunció que votará en contra del proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional, iniciativa que propone modificar los límites vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La legisladora, representante de Tucumán en la Cámara alta, expresó públicamente su rechazo a la propuesta y respaldó la postura del bloque Convicción Federal, que integra junto a Carolina Moisés, de Jujuy, y Guillermo Andrada, de Catamarca. El espacio fijó una posición contraria a la iniciativa al considerar que compromete la soberanía sobre los recursos estratégicos del país.

Desde el bloque sostuvieron que la tierra constituye un recurso clave para el desarrollo económico de las provincias y advirtieron que flexibilizar las restricciones actuales podría favorecer la concentración de grandes extensiones en manos de capitales extranjeros, con impacto sobre las economías regionales y los productores locales.

La normativa vigente, establecida por la Ley 26.737, limita al 15% la superficie de tierras rurales que puede estar en poder de personas o empresas extranjeras tanto a nivel nacional como en cada provincia y departamento. Además, fija restricciones para una misma nacionalidad, establece un máximo de hectáreas por titular y prohíbe la adquisición de tierras ubicadas en zonas de frontera o con acceso a cuerpos de agua permanentes.

El proyecto promovido por La Libertad Avanza plantea eliminar el tope del 15% y dejar sin efecto el límite de hectáreas por propietario extranjero, con el argumento de incentivar inversiones y desregular el mercado de tierras rurales. No obstante, mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o compañías controladas directamente por gobiernos de otros países puedan adquirir este tipo de inmuebles.

La iniciativa será debatida en el Senado y genera posiciones enfrentadas entre quienes consideran que favorecerá la llegada de inversiones y quienes sostienen que implica un riesgo para el control nacional sobre los recursos naturales y el desarrollo productivo del país.

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