Tras un prolongado conflicto que se extendió por más de dos años y estuvo marcado por movilizaciones, medidas de fuerza y disputas judiciales, el Gobierno nacional anunció este miércoles un acuerdo con las universidades públicas para recomponer salarios y fortalecer el financiamiento del sistema de educación superior.
El convenio fue rubricado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y organizaciones gremiales que agrupan a docentes y trabajadores no docentes. Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que el entendimiento contempla una mejora salarial acumulada del 24,33% para el sector universitario.
Según los términos establecidos en el acta, el Estado nacional transferirá los recursos necesarios para aplicar un incremento del 21,33% sobre los salarios básicos vigentes a mayo de 2026, que comenzará a regir desde junio. A esa actualización se sumará otro 3% en octubre, calculado sobre las remuneraciones de septiembre.
Además, el acuerdo fija el compromiso de realizar convocatorias paritarias con una frecuencia mínima trimestral durante el resto del año, con el objetivo de monitorear la evolución de los ingresos del personal universitario.
El entendimiento también prevé una actualización del 20% en las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales desde junio de 2026. A ello se agregan recursos específicos para áreas consideradas prioritarias.
Entre las medidas destacadas figura una ampliación presupuestaria de $50.000 millones para los hospitales universitarios, que se adicionará a los $80.000 millones ya previstos para esos establecimientos.
En materia de asistencia estudiantil, el Gobierno confirmó una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano a partir de junio. Sin embargo, el acuerdo no incluyó una actualización de las becas Progresar, uno de los reclamos que distintos sectores venían planteando en las negociaciones.
Asimismo, se garantizarán fondos destinados a la capacitación de los gremios docentes y no docentes, mientras que las universidades deberán rendir cuentas sobre la utilización de los recursos asignados conforme a la normativa vigente.
La firma del acuerdo llega después de intensas conversaciones entre el Ejecutivo y las autoridades universitarias. Durante el conflicto se realizaron cuatro marchas federales universitarias, paros docentes, clases públicas, tomas estudiantiles y debates legislativos que incluyeron vetos presidenciales y acciones judiciales.
La negociación se destrabó luego de que el Ministerio de Economía autorizara una partida extraordinaria de $800.000 millones para afrontar los compromisos asumidos con el sistema universitario.
Desde el CIN habían advertido que la pérdida del poder adquisitivo provocó la salida de alrededor de 10.000 docentes de las universidades nacionales, situación que fue uno de los ejes centrales de las discusiones.
Aunque el acuerdo representa un paso significativo hacia la normalización del conflicto, algunos sectores gremiales mantienen reservas respecto de la efectividad de las medidas anunciadas. Las organizaciones sindicales anticiparon que seguirán de cerca tanto la aplicación de los aumentos salariales como la ejecución de las partidas comprometidas.
Por otra parte, la disputa judicial vinculada al financiamiento universitario continuará abierta. Las universidades sostienen su reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que el Gobierno mantiene recursos presentados ante la Corte Suprema tras decisiones adversas en instancias previas.
En este contexto, las casas de estudio seguirán monitoreando la llegada de los fondos y la evolución de los salarios para evaluar el impacto real del acuerdo alcanzado.
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