Un proyecto de ley que prohíbe el consumo de estupefacientes a funcionarios públicos calentará el debate

Un proyecto de ley que prohíbe el consumo de estupefacientes a funcionarios públicos calentará el debate en la Legislatura, a colación del escándalo político que protagonizó Emiliano Vargas Aignasse (PJ).

La semana pasada, la bancada oficialista anticipó que presentará una iniciativa para modificar la llamada Ley de Rinoscopías, con el objetivo de que sea tratada en la sesión extraordinaria prevista para el próximo jueves. La propuesta fue la primera acción del manzurista bloque “Tucumán Crece”, luego de que Vargas Aignasse, presidente de la comisión de Legislación General, fuera detenido el 26 de enero en Santiago del Estero portando 40 gramos de marihuana (había intentado sortear un control caminero en la ruta 9). 

El presidente subrogante del cuerpo, Julio Silman, había adelantado a la salida del encuentro que la nueva norma obligará a los funcionarios de los tres poderes del Estado a realizarse estudios de orina para determinar si consumieron estupefacientes o sustancias prohibidas. “Si el proyecto se aprueba, en el caso de la Cámara correspondería el control a los legisladores y funcionarios”, había detallado. 

El mismo día de la reunión, el oficialismo hizo público el pedido de licencia por 100 días (sin goce de sueldo ni de gastos sociales) que formuló Vargas Aignasse. “El gobernador (Juan) Manzur dijo que este asunto (el análisis del comportamiento de los legisladores), corresponde a la Cámara. Por eso es que el bloque ha tomado algunas decisiones”, había defendido el vicegobernador Osvaldo Jaldo.

“En líneas generales, estoy de acuerdo con las modificaciones del nuevo proyecto porque entiendo que vienen a cubrir un vacío normativo que tiene la Ley 7.240”, opinó el vicepresidente segundo de la Legislatura, el radical Ariel García.

Dudas y certezas

La Ley de Rinoscopías data de 2002, pero nunca fue reglamentada. El proyecto de ley había sido elaborado por el ex legislador peronista Julio Díaz Lozano. La norma establece que todos los funcionarios públicos provinciales deben realizarse, con carácter obligatorio, exámenes médicos para determinar si consumieron drogas ilegales. En el artículo cuatro, designa a la máxima autoridad de cada poder como responsable de su aplicación. Además, la norma obligaba al funcionario con resultados positivos en los estudios a ser suspendido mediante un sumario médico, hasta su recuperación. 

El borrador del proyecto de reforma establece que cada uno de los poderes del Estado debe designar a un responsable para dar cumplimiento a la aplicación la norma, así como también determinar el nivel jerárquico de quienes tendrán que someterse a los exámenes. La propuesta fija para la realización de los análisis de orina un plazo de hasta tres meses desde la puesta en vigencia. Los estudios deberán repetirse con una periodicidad de un año. Además, designa al Siprosa como el órgano encargado de practicar los estudios.

“Uno de esos vacíos de la Ley de Rinoscopías es que no determina la periodicidad con la que debe hacerse el examen. El artículo cuarto sí esclarece este punto, por lo que no deja nada librado al azar”, consideró García, vicepresidente primero de la UCR. El parlamentario anticipó que concurrirá en la semana a realizarse los estudios, junto a sus compañeros de bloque, Raúl Albarracín y Fernando Valdez.

El parlamentario radical Eudoro Aráoz adelantó que el debate de la normativa podría dar lugar a polémicas. “No me parece afortunado, en lo personal, dejar en cabeza de cada uno de los poderes el determinar quiénes son los funcionarios que deben hacerse el análisis. En ese aspecto, la Ley 7.420 era taxativa”, indicó. 

Para el radical, ex presidente del Colegio de Abogados de la Capital, de aprobarse la reforma podrían generarse planteos de inconstitucionalidad. “El hecho de obligar a una persona a hacerse un estudio para determinar si es adicto o no puede implicar un avance contra los derechos individuales. Por otro lado, está el interés superior del Estado. Son dos elementos jurídicos en conflicto, porque se supone que los funcionarios deben ser honorables y probos”, consideró.

Fuente: LA GACETA