Corrupción en el Pami Tucumán: detectaron 151 recetas a jubilados fallecidos, 25 farmacias y 54 médicos involucrados

Se usaban los nombres de afiliados fallecidos para recetar y vender tiras reactivas para la diabetes costeadas por el Pami Los números se desprenden de investigaciones preliminares del fiscal General Federal Antonio Gómez. Ahora la causa está en manos del fiscal Federal Brito.

Tucumán24/05/2016Mariela AldereteMariela Alderete
Foto tomada de Los Primetos Tv
Foto tomada de Los Primetos Tv
La olla de corrupción que se destapó hace unas semanas en el Pami nacional llegó a Tucumán. Ahora la Justicia Federal investiga los casos de 151 recetas que llevan los nombres de unos 45 jubilados fallecidos (en su mayoría tucumanos) y que involucran a 54 médicos y 25 farmacias que operan en la provincia.
 
Estos números surgen de las investigaciones preliminares que realizó el fiscal General Federal de Tucumán, Antonio Gómez, y que fueron remitidas el 3 de mayo pasado al fiscal federal Nº1, Carlos Brito, para que investigue una presunta defraudación al Estado Nacional a través de la venta de medicamentos, específicamente tiras reactivas para la diabetes, a afiliados del Pami que están registrados en la Anses como fallecidos.
 
Entrevista telefónica al Fiscal Gustavo Gómez
En su escrito, Gómez detalló uno por uno los nombres de los 45 afiliados fallecidos y “beneficiados” con esas tiras reactivas, y de todas las farmacias que vendieron esos insumos.   “Dichas prescripciones habrían sido emitidas por 54 médicos distintos y se instrumentaron en recetas habilitadas”, precisó el fiscal General Federal y advirtió que la maniobra bajo sospecha abarca el período comprendido entre septiembre de 2010 y noviembre de 2015 en el ámbito provincial.
 
“Como consecuencia se habrían obtenido ilegítimamente 270 cajas del producto tiras reactivas, cada una de las cuales cuenta con 50 unidades, y en algunos casos minoritarios 100 y 25, provocando un perjuicio económico a la Obra Social Nacional, en razón de afrontar el pago de tales insumos”, alertó.
 
Asimismo comentó que sus investigaciones se originaron a raíz de una nota periodística del diario Clarín (en su versión on line) en la que se informa las irregularidades en la adquisición de remedios en distintos puntos del país.  “A partir de ello, se detectaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 19 provincias (incluida Tucumán) 1.133 casos de afiliados que, a pesar de haber sido dados de baja por parte de la Anses por defunción, registraban el consumo de 23.630 unidades de insumos”, especificó en su escrito enviado al fiscal Brito y al que tuvo acceso periódicomóvil.com.
 
Las hipótesis de la maniobra ilegal 
 
¿Cómo circularon los recetarios para concretar las maniobras ilícitas? El fiscal Gómez sostuvo que una de las hipótesis es que fueron entregados por agentes del Pami o sustraídos de la oficina respectiva, a fin de “sortear el mecanismo de control de distribución de los talonarios que los contenían”.
 
“Si se comprueba –a lo largo de la investigación- que los recetarios fueran entregados al mismo profesional que figura como prescriptor en los instrumentos cuestionados, podría inferirse la eventual participación del galeno en el quehacer ilícito”, advirtió en el marco de la causa en la que se investiga una presunta mafia de medicamentos..  
 
Ante estos hechos, el Fiscal Gómez estimó que se trataría de un presunto fraude en perjuicio del Estado Nacional, delito que figura en el artículo 174 del Código Penal y tiene una pena de dos a seis años de prisión.
  
 
Pedidos de informes
 
 
En el marco de sus actuaciones preliminares, el fiscal Gómez precisó que requirió al Pami (oficina central y de las jurisdicciones de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero) que informe los beneficiarios fallecidos, los médicos, las farmacias y clínicas que intervienen en el circuito de distribución de medicamentes y, también, sobre las medidas administrativas o jurídicas adoptadas. También solicitó a otros organismos nacionales y provinciales, como la Anses,  la Cámara Nacional Electoral y Registros Civiles, que remitan un listado detallado de las defunciones de personas mayores de 60 años que tienen en sus registros desde enero de 2011.
 
 En el expediente, el fiscal Gómez también confirmó que la UFI PAMI (Unidad Fiscal de Investigaciones) presentó el 15 de marzo pasado ante su Fiscalía una denuncia sobre el mismo hecho ilícito, detallando los afiliados, recetas, farmacias y galenos intervinientes en Tucumán.
 
El escándalo nacional
 
La olla de la corrupción saltó cuando Carlos Regazzoni, actual titular del PAMI, denunció públicamente graves irregularidades que se cometieron durante la gestión kirchnerista en el organismo que administra la salud de los jubilados.   

Las cifras que lanzó el funcionario macrista son escalofriantes e indignantes: el padrón tenía 400.000 personas fallecidas, por las cuales se pagaban servicios de salud; unas 7.000 personas, también fallecidas, a quienes se les pagaban remedios; dos clínicas fantasmas que le cobraron al Pami 25 millones de pesos; 16 mil sillas de ruedas en estado de abandono.

Producción periodística:
Pepa Alabarce y José Inesta
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