Escandalosa causa de la UNT: El pedido de detención de Cerisola, los “nunca” investigados y el plan del fraude

En la polvareda que se levantó tras el pedido de detención del ex rector de la UNT Juan Cerisola y de otros tres ex funcionarios, que realizó el fiscal federal General Antonio Gómez, se conocieron detalles de la escandalosa causa que además de presunta malversación de fondos públicos, ahora sumó sospechas de asociación ilícita y lavado de activos vinculados a los “Paradise Papers”

El 7 de noviembre pasado, el fiscal Gómez pidió que se dicte una orden de detención contra del ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Carlos Cerisola; del ex diputado nacional y ex subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión, Luis Sacca; de la ex directora General de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani y, del  ex director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino.

Esto fue después que la Cámara Federal de Tucumán rechazara las apelaciones de los ex funcionarios procesados en la causa que se investigan presuntas maniobras ilícitas en el  manejo de fondos públicos administrados por la UNT durante el período 2006-2009. Estos dineros provenían del emprendimiento minero “Aguas de Dionisio” explotado por Minera Alumbrera Ltda., como integrante de la Unión Transitoria de Empresas bajo la figura de “Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio” (YMAD). Se estima que la casa de altos estudios recibió en ese tiempo cifras millonarias en concepto de utilidades mineras. 

 Entre las sospechas, la Justicia Federal investiga si hubo sobreprecios de hasta un 60% en obras de la UNT, depósitos en cuevas financieras y sustracciones de cheques millonarios de fondos enviados por YMAD.  En el caso de la obra en la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, se sospecha que el presupuesto era de 4,2 millones y se pagó 7 millones de pesos.

“Con el dinero enviado por la Alumbrera-YMAD se armó un plan de obras que se plasmaron en tres resoluciones del año 2008. Todo con una apariencia legal para permitir las maniobras estafatorias dadas en sobreprecios en las obras y operaciones con entidades financieras”. De esta manera se describe el plan que habrían ejecutado las autoridades universitarias, según las sospechas de la Fiscalía Federal General.

La causa ya lleva más de siete años en los despachos de la Justicia Federal. Se inició con la denuncia penal que realizó el 13 de abril de 2010 el arquitecto Ramón Eudal  ante la Fiscalía Federal General, luego se sumó una denuncia anónima y otra del abogado Oscar López, aunque esta última fue ante la Procuraduría General de la Nación.  

En esta etapa investigativa se sumaron elementos que vincularían la causa con el delito de lavado de activos.  En ese contexto, Gómez citó en su dictamen un artículo periodístico que menciona a una multinacional presuntamente vinculada a Minera  Alumbrera, utilizando empresas off shore, en el marco de la investigación periodística de alcance mundial “Paradise Papers”.

Los “nunca” investigados

Según el fiscal General Gómez, existe una lista de ex funcionarios de la UNT que nunca fueron investigados ni acusados. Entre ellos, citó a María Luisa Rossi de Fernández. vice rectora durante la gestión de Cerisola, y a José Saab, quien en ese entonces secretario General de la Universidad. También figuran los integrantes del Consejo Superior de la UNT y el directorio de YMAD. Paralelamente, puntualizó una lista de 11 empresas constructoras que participaron de las obras y habrían “cobrado sumas exorbitantes”.

Con ambas listas, el fiscal insistió en el pedido que hizo en septiembre de 2016  cuando requirió al juez federal N°2, Fernando Poviña, que amplíe la gama de imputaciones y cite a indagatoria a los ex funcionarios, y a las empresas constructoras.  Hasta el momento eso nunca sucedió.