Jubilados: ¿La solución final?

El anuncio post-electoral de Macri, respecto del pago de las sentencias judiciales y extrajudiciales a los jubilados hoy  sólo puede ser sujetos de conjeturas. De poco sirven las interpretaciones  y aclaraciones de sus propios funcionarios, pues, en última instancia, aún no se conoce el  tratamiento que el Congreso le dará y su demora. La llamada “letra chiquita” de esta especie de ley futura,  que en parte sería de adhesión, no existe a la fecha.

Desde el punto de vista político, aún tampoco sabemos si se trata de un golpe de timón o un cambio de rumbo hacia la esperada sensibilidad social del Gobierno. Tal vez debamos reconocer que existe una actitud de sincera valentía (algunos la tratan como temeraria) al exponer oficialmente y reconocer un tema del que todos hablan, pero que nadie quiere encarar como acción de gobierno. Es más: algunos piensan que es el precio que debe pagar el neoliberalismo para aplastar una oposición popular que le ha puesto sitio, apelando a una herramienta keynesiana efectivista

Por supuesto que la frenada antidistributiva hará, al menos, resaltar -si no saltar- algunas opiniones de cruzados  políticos, favorecedores y amigos conversos del Gobierno. No es difícil que a estas horas le estén recordando a Sergio Massa y Diego Bossio que, cuando contestaban los oficios de la Corte que los urgía a pagar sus sentencias jubilatorias, decían que se trataba de una misión imposible, por carencia de fondos. 

Ambos jóvenes políticos fueron titulares de la ANSES. El primero había recibido la bendición de la Ley 24.463, que posibilitaba al Gobierno condonar esos pagos cuando la plata no alcanzaba. El segundo, ya derogado aquel  esperpento legal, se remitía a señalar que los pagos estaban reordenados en las leyes de presupuestos vigentes. Ninguno mostraba el inesperado entusiasmo macrista de hoy por pagar. La Corte, a su turno, se conformaba con la galantería de la respuesta, sabiendo que, al menos, se ponía en cola a los jubilados para cobrar. Así llenó sus oficinas  de recursos  en suspenso, en espera de que se aliviane  la carga de los turnos. La operación le costó 300.000 expedientes sin resolver. La cola, a su vez, se hacía más corta, no tanto por lo que se pagaba, sino porque los jubilados se iban muriendo en su trayecto.     

Macri y sus asombrados colaboradores, dicen  que pagarán con los fondos del futuro blanqueo de capitales. Si no alcanzan, con los fondos de garantía y sustentabilidad  del sistema jubilatorio y las acciones y obligaciones empresariales que tiene en cartera, fruto de la estatización de las AFJP.  

Sobre el primero, ya Ernesto Sanz desde su banca senatorial  había  jurado no cambiar jamás de criterio respecto de los blanqueos: son inmorales y alientan la ilegalidad cualquiera que sea el gobierno que los aplique. Y aunque Sanz no es gobierno, el radicalismo que representa es el principal socio de Cambiemos. Nadie ignora las dificultad para el retorno pacífico de esos fondos “offshore”: la confianza en el futuro del país, su concentración en las islas con dependencia formal o informal de la banca inglesa, y, lo que es peor, la explicación de su origen, que, en definitiva, parece ser lo que los obligó a  exiliarse. Habrá, seguramente, que apelar al Fondo de Garantía y Sustentabilidad que, en su mayoría, está compuesto por obligaciones del Tesoro Nacional: el Estado aprovechará para rescatarlos a su valor nominal. 

Pero lo peor está por venir: si se destruye ese Fondo  ¿con qué se pagarán las actuales y futuras jubilaciones?  Porque todo el mundo sabe que, en la ecuación, es inmensamente inferior  al promedio del haber jubilatorio por la cantidad de jubilados actuales, debido al desfinanciamiento del sistema, desde hace ya casi 20 años, con la casi total eliminación del aporte patronal. 

Para peor, hay que contar con que, debido a las actuales condiciones de la escasa generación de empleos y la sangría  de aportantes por despidos, operada desde la devaluación de diciembre de 2015, los futuros jubilados ya casi carecen de cobertura actual. Aquí  jugará la letra chiquita de la futura ley. Si por conjeturar tiramos la ruleta nos podremos encontrar con decisiones como la de aumentar la edad jubilatoria o del porcentaje de aporte personal y, tal vez, a una nueva financiación externa que nos devolvería a la deuda eterna.

Respecto de las inversiones de la ANSES en acciones  y obligaciones de empresas -para lo cual hay que derogar la ley que dejó el gobierno anterior- esa posible venta matará la gallina y los huevos posibles de cosechar en el futuro, que hasta ahora le suministran algunas vitaminas económicas a la ANSES. La gallina quedará desplumada, pero es posible que el mercado se quede con sus dobles pechugas. 

Es que no hay peor astilla que  la del mismo palo: salir a vender, para el mercado, es señal de urgencia y, por lo tanto, susceptible de lograr un precio menor. A ello, deberemos agregar que ya no comeremos los huevos, o sea el flujo financiero que nutría al hambriento ANSES, tal vez condenándolo a una  anemia eterna. El mal menor es que el cadáver de la gallina volverá a su viejo gallinero, que eran las empresas de los amigos del gobierno, y que en el futuro no tendrán que aceptar la incomodidad del Estado como accionista. Para el amigo quedará en una encrucijada de hierro. ¿Habrá más deuda externa, o  se retornará al odiado  aporte patronal, cosa que irritaría sin piedad a sus protegidos empresarios y eventuales inversores externos?

Para simplificar, algunas pocas preguntas de las numerosas que deberán responderse y que derivan estrictamente del anuncio oficial: ¿qué se hará con los jubilados transferidos, si continúan con sus derechos perdidos ante los gobiernos provinciales sin cambio en sus tesoros, y con la indiferencia del Estado Nacional ? ¿Qué pasará con la constitucionalidad de un contrato de adhesión –en realidad es una transacción judicial-, que se resigna a perder casi el 70% de la retroactividad jubilatoria a los que aún no tienen sentencia firme (de los 10 años mínimos del cómputo del aporte o de un eventual litigio si se quiere entender  mejor, más los 2 años retroactivos que establece la Ley 24.241, sólo quedarán 4 años de retroactividad, según el anuncio)? ¿Puede, sin que sea nulo, renunciarse a una prestación alimentaria, que es también de los derechohabientes del jubilado?  ¿Qué hacer con el impuesto a las Ganancias, respecto del que todos creen que no se va a aplicar, pero que el Presidente no lo dijo? ¿Y  el aumento jubilatorio regresivo, que achataría  la pirámide de los beneficiarios del sistema –contrariando posiciones de la Corte y que son ya pilares en el caso Badaro- que implican reales discriminaciones y confiscaciones? ¿Y  los que no tendrán reparación de ningún tipo, sea por los bajos índices de actualización, o aplicación de las tasas pasivas bancarias de interés, que no se contenten con esas variables expropiatorias? 

Hay muchas otras cuestiones que llaman la atención sobre la viabilidad de la solución propuesta y que sería largo de enumerar, además de desalentar a un  gobierno que se atrevió a la solución final (quede claro que la “solución final” no tiene nada que ver con el sentido histórico-político que esta frase tiene). Nada de lo dicho es definitivo, sino meramente conjetural y seguramente el proyecto y su discusión serán muy enriquecedores. Tal vez no falte mucho para ello.