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En un hecho político de alto impacto, el Senado de la Nación dejó sin efecto el veto presidencial y volvió a poner en vigencia la ley que declara la emergencia en discapacidad, una decisión que no se registraba desde hacía más de 20 años. La iniciativa obtuvo 63 votos afirmativos y apenas siete rechazos, alcanzando así la mayoría especial que exige la Constitución.
El resultado expuso la capacidad de la oposición, que reunió a senadores kirchneristas, radicales, macristas e independientes, para conformar una mayoría circunstancial frente al oficialismo, en una muestra clara de la tensión que atraviesa la relación entre la Casa Rosada y el Congreso.
La norma, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 con opción a extenderse por un año más, prevé la actualización de aranceles y compensaciones, además de la reformulación del régimen de pensiones no contributivas y otras herramientas destinadas a mejorar la situación del sector de la discapacidad.
Aunque el debate estuvo cargado de gestos políticos, algunos referentes optaron por la cautela. Tal fue el caso del senador tucumano Juan Manzur, quien no intervino en el recinto pero acompañó con su voto afirmativo. Lo mismo hicieron sus colegas Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, también representantes de Tucumán.
La sesión dejó en evidencia que, pese a las diferencias internas, la oposición puede articular acuerdos puntuales capaces de doblegar al Ejecutivo en temas sensibles, abriendo un nuevo capítulo en la disputa de poder entre ambos poderes del Estado.
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