Los empresarios del transporte público de San Miguel de Tucumán reactivaron el debate por el costo del boleto al formalizar ante el Concejo Deliberante un nuevo pedido de actualización tarifaria. La propuesta eleva el valor del pasaje a $2.400 y, según el sector, responde a un escenario económico que compromete la continuidad del servicio.
Desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) advirtieron que la actividad arrastra desequilibrios desde hace años y que la situación actual terminó por profundizar la crisis. Andrea Courtade, referente de la entidad, remarcó que el planteo no apunta a mejorar márgenes de ganancia, sino a evitar un deterioro mayor del sistema. En ese sentido, insistió en que la falta de una política sostenida en materia de transporte fue determinante para llegar al escenario actual.
Entre los factores que más presionan sobre la estructura de costos, el sector volvió a señalar el impacto del precio del combustible y la actualización de los salarios. Según explicaron, estos componentes concentran gran parte del gasto operativo y condicionan la prestación diaria del servicio.
Durante la exposición, también se cuestionó que los estudios de costos presentados en distintas instancias no hayan sido plenamente considerados al momento de definir la tarifa. Desde Aetat sostienen que esa brecha entre el costo real y el valor del boleto generó un atraso que hoy resulta difícil de sostener.
En cuanto a los subsidios, los empresarios detallaron que, con el actual esquema de compensaciones provinciales y municipales, el pasaje debería ubicarse en torno a los $2.400. Sin ese respaldo, advirtieron, el valor técnico superaría ampliamente los $4.000. Bajo esta lógica, remarcaron que los aportes estatales buscan amortiguar el impacto sobre los usuarios y no beneficiar directamente a las compañías.
El reclamo se da en un contexto de tensión creciente en el sistema, con advertencias sobre posibles recortes en las frecuencias y dificultades operativas. Frente a este panorama, desde el sector empresarial plantearon la necesidad de avanzar en un acuerdo integral que involucre al Estado, las empresas y los usuarios, con el objetivo de encontrar una salida de fondo y evitar soluciones transitorias.
Finalmente, Courtade subrayó que, pese al escenario adverso, las empresas continúan prestando el servicio y sostuvo que detrás del sistema hay una fuerte responsabilidad social vinculada al sostenimiento de los puestos de trabajo.
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