Duro dictamen del fiscal Gómez en la causa de la UNT

En un categórico y duro dictamen, el fiscal General Federal Gustavo Gómez encendió la luz roja en la escandalosa causa en la que se investiga al ex rector de la UNT, Juan Cerisola, y otros ex funcionarios por presunta defraudación a la administración pública a través de los fondos recibidos de YMAD para la ejecución de obras en la Casa de Altos Estudios.

 “A criterio de este Ministerio Público Fiscal Ia hipótesis investigativa, necesariamente, debe ampliarse sobre los responsables de áreas e instituciones de la Universidad Nacional de Tucumán, sumada las personas jurídicas de orden privado que involucradas en la ejecución del plan de obras 2006-2009 y de los movimientos financieros impreso a los fondos de YMAD, corresponde ampliar la gama de imputaciones y citar a indagatoria a miembros de pertenecientes a diferentes extractos”, opinó Gómez en el dictamen no vinculante que elevó a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que debe resolver apelaciones presentadas por la defensa de los imputados.

A continuación, el fiscal enumeró a los nuevos imputados que propone incorporar para que sean llamados a indagatoria en la causa: la ex vicerrectora María Luisa Rossi de Femández; Augusto González Navarro, responsable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; José Hugo Saab, secretario General de la Universidad;  los integrantes del directorio de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD); los miembros del Consejo Superior de la UNT; y  las empresas contratistas.

Cabe recordar que desde el inicio de la causa, el fiscal Federal Nº1, Carlos Brito, imputó a Juan Alberto Cerisola (ex rector de la UNT); a Juan Carlos Reimundin (ex secretario administrativo); a Oiga Cudmani (directora General de Construcciones Universitarias); a Osvaldo Venturino (Director de Inversiones y Contrataciones) ; a Horacio Alfredo Lobo (inspector de Obras)  y a Luis Fernando Sacca (subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión).

Luego, en el transcurso del proceso, el juez federal Nº2, Fernando Poviña, firmó el sobreseimiento para Reimundín y Lobo. Esta decisión también fue duramente criticada por Gómez.

 “Resulta imperativo dejar en claro que a criterio del suscripto, los sobreseídos fueron desvinculados procesalmente de la causa por una sentencia que puede tacharse de precoz y de arbitraria puesto que el plexo probatorio es indicativo del rol que cumplieron los sobreseídos en el contexto de la maniobra ilícita investigada. Reitero, más allá de la pasividad del Fiscal de Grado ante los sobreseimientos dictados, hago reserva de interponer recurso de casación para el caso de que este Tribunal adopte una visión favorable a los intereses de los imputados que resultaron procesados por el Sentenciante”, advirtió en su dictamen.

El Plan

En el escrito, al que tuvo acceso periódicomóvil.com, el fiscal Gómez recomendó al juez Poviña que incorpore el delito de asociación ilícita en la investigación dado que - según sostuvo- existió la participación de sujetos para ejecutar un “plan con la clara finalidad de dotar de apariencia de legalidad formal a los actos ilícitos”.

“El manejo del volumen de los dineros ingresados a la administración universitaria provenientes de YMAD, motivó la confección de un plan de obras y la elaboración de las resoluciones No 36513661367 en el año 2008 aprobadas formalmente por todas las instancias administrativas intervinientes en su análisis. Estos actos administrativos fueron concebidos con la clara finalidad de dotar de apariencia de legalidad formal a los actos ilícitos articulados en la aplicación de los dineros de origen minero. En esa línea, tanto el mecanismo de licitación y adjudicación de obras a ejecutarse en la Universidad como las disposiciones de las operaciones en entidades financieras, requirieron del aporte y participación de sujetos cuyo accionar fue conducente con la finalidad de defraudar a la administración pública”, fundamentó en su dictamen firmado el 27 de septiembre pasado.

En otro punto alertó sobre el retraso de la causa al recordar que se inició el 13 de abril de 2010 por una denuncia de Ramón Eudal. “De este dato objetivo surge que a Ia fecha transcurrieron seis años y cinco meses, sin que la instrucción arribe a su conclusión para ser elevada al debate oral”, puntualizó y pidió que se “imprima celeridad a la instrucción”.

Por último, pidió que se realice  la correcta integración del Tribunal de la Cámara para “evitar dilaciones o planteos”. Cabe recordar que el camarista Ernesto Wayar se excusó de actuar en esta causa luego de que el propio Cerisola admitiera que el juez fue uno de los beneficiados  en el uso de las casas de la Residencia Universitaria de Horco Molle.