El conflicto con los psicólogos, el CEPLA desmantelado y otra víctima del paco

El total desmantelamiento del CEPLA, el conflicto laboral desatado por los 30 profesionales despedidos de la Secretaría de Adicciones y una nueva muerte de un adolescente en el barrio La Costanera a causa del paco, agravaron la situación de la droga y las adicciones en los barrios marginales del Gran San Miguel de Tucumán, donde mueren por año al menos 100 niños y jóvenes adictos al paco.

 A principios de este año, Documento recorrió el barrio de La Costanera y te mostró el estado de abandono del Centro para Prevenir Adicciones, una obra que se anunció en 2014 y debió estar terminada a fines de 2015, pero lamentablemente se convirtió en un edificio en ruinas. Nueve meses después, la construcción fue totalmente desmantelada.

 A esto se sumó un conflicto laboral con los profesionales que trabajan en los barrios marginales para contener y asistir a los chicos adictos a las drogas. Todo comenzó a principios de septiembre de este año, cuando el Gobierno provincial despidió a 30 profesionales contratados de la Secretaria de Adicciones. Luego de asambleas y manifestaciones frente al Ministerio de Desarrollo Social, el ministro Gabriel Yedlin salió a prometer la renovación de 20 contratos pero por un lapso de cuatro meses. Esto fue rechazado por los profesionales porque, además de continuar la inestabilidad laboral, aún hay otros 10 en la calle. Por ello, anunciaron que seguirán con las manifestaciones y piden una urgente mesa de diálogo con el ministro Gabriel Yedlin.

En este programa de Documento, te mostramos el testimonio de los psicólogos, quienes además nos cuentan cómo se vive el flagelo de la droga en los barrios más vulnerables del Gran San Miguel de Tucumán.

Investigación de la Justicia Federal

Luego de que Documento mostrara el estado de abandono del CEPLA se inició una investigación en la Justicia Federal para saber qué pasó con los 12 millones de pesos enviados por la Nación para su construcción. Concretamente, el fiscal Antonio Gómez sospecha que pudieron haberse cometido los delitos de estafa a Estado Nacional, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociación incompatible con la función pública e incluso lavado de activos. Por ello pidió al fiscal Carlos Brito que investigue a ex funcionarios provinciales y a los socios de la empresa BYM, que estuvo a cargo de la inconclusa obra.

Mientras se caen las promesas -tanto del gobierno provincial como del nacional- de construir un centro para adictos en La Costanera, y peligra la presencia de psicólogos en los barrios, la semana pasada se sumó una nueva víctima del paco. Huguito, un adolescente de apenas 15 años, quien se quitó la vida a causa del paco. Su hermana dio su doloroso testimonio a Documento.

Sin un centro de asistencia a los adictos y sin profesionales que los ayuden a salir de la droga, revelan que aún no hay políticas claras ni prioritarias para combatir el avance de la droga en la provincia. Lamentablemente, la muerte de Huguito, y de otros cientos de adolescentes y jóvenes, no es suficiente para que los gobernantes ataquen de manera urgente e integral el avance de la droga, que afecta a toda la sociedad.