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El pasado 25 de abril la policía intervino en una fiesta clandestina y descubrieron que en la misma participaban dos funcionarios públicos Federico Roldán Vázquez, auditor del Poder Judicial y Alfredo Iramain (h), delegado fiscal del Ministerio de Seguridad.
Luego de un altercado que se habría producido por la intervención de los agentes de policía cuando procedieron a desbaratar la fiesta que se desarrollaba en un domicilio, ambos funcionarios pidieron disculpas a la comunidad y a la Policía, y desembolsaron $ 200.000 para la Comisaría Nº7 en concepto de “reparación” a los fines de cerrar la causa penal.
Pero el hecho no terminó allí y derivó en actuaciones administrativas del Tribunal de Cuentas y del Poder Judicial, en donde impusieron a los agentes a su servicio una suspensión de un mes sin goce de sueldo luego de acreditar la transgresión a las restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández con motivo de la pandemia. En actuaciones separadas, las autoridades achacaron “falta de decoro” a los funcionarios arrestados durante el mes de abril.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se expidió respecto de Roldán Vázquez en la Acordada 967/21 emitida el 9 de agosto con los votos de los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos. En un instrumento más extenso que el del Tribunal de Cuentas, los integrantes del alto tribunal objetaron al procurador, que es hijo del camarista penal jubilado, Pedro Roldán Vázquez, el haber faltado al deber de ejemplaridad que le corresponde observar como consecuencia de la función pública que ejerce y que lo obligaba a ajustar su accionar al decreto del presidente Fernández.
Añadieron que el funcionario debía exhibir el decoro aún fuera de su ámbito laboral: “en el tiempo transcurrido entre la noche del 24 de abril de 2021 y la madrugada del 25 de abril de 2021, el secretario omitió realizar las previsiones necesarias con miras a no comprometer el prestigio de la función que cumple en el Poder Judicial”.
Los vocales juzgaron como “agravante” que “la mentada reunión” haya trascendido en un momento en el que la sociedad estába obligada a realizar un gran esfuerzo económico, psicológico y emocional por razones de salud pública, y espera que quienes ejercen funciones en el Estado brinden el ejemplo. “La difusión del convite en el hogar del agente ha puesto en tela de juicio el prestigio de quienes forman parte del Poder Judicial, lo que deteriora la confianza que el sistema de justicia y sus trabajadores deben forjar en la comunidad”, dijeron Sbdar, Estofán, Posse, Leiva y Rodríguez Campos.
Fuente: La Gaceta
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