Del 82% móvil no se habla

Hay un tema que la mayoría de los candidatos prefiere eludir cuando habla desde los palcos o se les pregunta desde los medios. Es como decir “de esto no se habla” o, si se habla, se habla poco y como al pasar.

Así fue casi siempre, de modo que esta postura de los políticos con alguna posibilidad electoral no es sólo válida para la actual campaña, sino que se trata de una experiencia argentina  que viene de lejos, con mayor importancia en el actual período llamado democrático.

Tampoco atañe al nombre de la cuestión (poco  atractivo seguramente), a pesar de estar saturado de anhelos obsesivos, y usualmente  presentado con una  mezcla oscura de matemáticas  y  complejidades jurídicas, cuando no de antinomias ideológicas. Para peor, involucra a los ancianos jubilados o en trámite de serlos, con toda la carga de atravesar edades y minusvalías que nadie desea transitar.

Sin embargo enunciarlo es de lo más fácil y casi un lugar común,  ya que se trata del famoso  82% móvil en los haberes jubilatorios. Sí, es un número y un concepto legal, aspectos sobre lo que tenemos mucho que decir, pero también mucho que pensar, pero tiene el estigma de lo que no se habla.

El por qué la mayoría de los políticos no quiere tratarlo -sospechamos- se debe a que temen lesionar los intereses fiscales,  desde los cuales funcionarán los eventuales logros en su gestión y a los cuales están asociadas sus expectativas de lucrar para sí, para sus clientes y sus favorecedores.


La deuda interna

Tal vez, semejante modo de pensar  sea nuevo. Pero debemos admitir que es más actual vincularlo con una expresión maldecida en los tiempos que corren y se emparenta  con las deuda pública.

Dicho de otro modo: vamos a hablar de una nueva deuda, deuda que no es externa ya, sino interna. Una deuda que el propio fisco fue haciendo crecer desde los tiempos en que descubrió que los dineros de los aportes jubilatorios servían para todo, menos para los que se hacían: cubrir las  necesidades de la vejez.

La cuestión se centraba en que la ancianidad parece un futuro lejano y el aporte previsional, un presente de  dinero fresco y fácilmente manipulable. Y, de entrada, de esto no se hablaba, porque esos fondos se sustraen del valor del salario del trabajador. Quedó la tentación de utilizarlos –sin permiso y, durante algún tiempo, con el juramento de devolverlos- lo que hizo callo en las finanzas públicas.

Hoy, parecen haberse olvidado para siempre los permisos, la vocación de  devolverlos y algún otro prurito. De modo que fue el tiempo el creador de una deuda impagable.

Igual, el tema terminó en silencio, porque  una deuda tan impagable como la interna resultó ser inofensiva -es de ancianos- y fácilmente reprimible, a diferencia  de la externa que no es autoperdonable. Los de afuera son libres y pueden tomar la forma de exigentes  fondos internacionales, prestamistas,  usureros o simples buitres. Son peligrosos, temerarios y agresivos, y no pueden ser contenidos por los represores internos. Todo lo contrario de nuestros viejos.

Pero veamos  los alrededores del meollo de este tema, que hoy genera tanto silencio político. De entrada, debemos desechar el concepto de “movilidad”  que tiene el actual gobierno K, porque se basa en una formulita donde las variables de apoyo son la cantidad de los aportes  activos (disminuidos por los trabajos no registrados o remuneraciones en negro) y el índice de precios calculados por especiales  estadísticas de reconocida prosapia a la baja.

Siendo así, este cálculo ni siquiera neutraliza lo mínimo que debe garantizar la movilidad, que es la protección contra la inflación.  Está claro, pues, que no hay movilidad alguna en las jubilaciones que tiene hoy la Anses. Ni hablar de que esas “movilidades” se aplican a haberes ya disminuidos por estar calculadas en base a una ley menemista  aún vigente (otra formulita), al punto de que ya no nos avergonzamos que cerca del 80% de nuestros jubilados  cobran los haberes mínimos fijados por una ley más actual  (basta escuchar las confesiones hechas en las cadenas nacionales), cuyo monto  ni siquiera iguala la línea de pobreza del país. Por mucho que le demos vuelta, la realidad es ésta y de ella poco se habla.

Los presidenciables

Pero hay otra realidad, que condice bastante con este meollo: tampoco puede conocerse  mucho  lo que dicen los candidatos presidenciales “no K”, cualquiera sea la letra que los identifique. Es cierto que algunos han enunciado el problema, pero no conozco ninguno que lo haya desarrollado de modo de garantizar la propuesta –a veces implícita- para solucionarlo.

Por un lado, podemos citar a Sergio Massa y, por el otro, al flamante candidato del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño. También es cierto que este último parece apostar a una solución de largo plazo –si la logra- y sólo en el ámbito legislativo, lo que garantizaría un mejor análisis y perdurabilidad; pero los tiempos y las intenciones suelen sacar del foco político a sus protagonistas. Por esa razón, la mirada actual se centra en el primero, hasta hoy díscolo opositor.

Recordemos que Massa  colectó buena experiencia como ex titular de la Anses y su opinión en principio parece más respetable. Pero conociendo el tridente del diablismo electoral, la propuesta massista oculta más de lo que revela, pues no es lo que quiere, puede o debe decir. Es que revelar si su propuesta se aplicará sólo a las futuras jubilaciones o además también a las ya existentes implica entrar en un sofocón o una debacle fiscal si se tiene en cuenta el saqueo de los fondos previsionales actuales (históricamente no son los únicos).

¿Qué puede hacer el prometedor, si  hasta sus asesores transpiran cuando miran de reojo la mordaza puesta a los fondos jubilatorios invertidos por los K en empresas fallidas o sospechosas de serlo? O hasta propias del Estado, mediante una ley que le impide su movilización.  Esos fondos están hoy en la caja fuerte de la escribanía legislativa, donde el kirchnerismo se ha asegurado los quórums necesarios para que los futuros gobiernos no la vuelvan a sus verdaderos destinatarios.


De eso no se habla

Si a estas definiciones agregamos el problema de las eventuales retroactividades por ajustes del 82%, su actualización y los subsidios de las leyes previsionales especiales, la eventual incorporación de los salarios activos en negro, la tentación de discriminar de qué salario jubilatorio hablamos (PBU, PC o el simple haber final producto de promedios con índices fallidos), estaríamos ya en el envenenado espacio de reconocer una deuda interna. Y de esto, ya lo dijimos  y ahora lo repetimos con certeza, de eso “no se habla”.    

Carlos Romero
Para Periódico Móvil