Historia del traspaso de los transferidos a la Nación: primer acto

Alguna vez habíamos dicho que el traslado del Sistema Jubilatorio de la Provincia a la Nación, en la década de los 90, era un drama en varios actos semejante al malherido que lucha sin esperanzas: el telón se cierra y vuelve a abrirse mostrando siempre la agonía del protagonista.

En el fondo, el tema básico  musical es el de un famoso Pacto Fiscal que impuso el menemismo al comienzo de su gestión, poniendo de rodillas y saqueando las rentas de las provincias sin sonrojarse.

Los antecedentes de esta obra incluyen un pasado nefasto en materia de claudicaciones provinciales –no pocas veces ante la punta de las bayonetas- por una Nación convertida en el personaje malo de la puesta.

Los memoriosos recuerdan que el actual y vapuleado Impuesto a las Ganancias es un despojo que la Nación hace mediante una Ley de 1932 (gobierno de facto del General Uriburu), que lleva el número  11.586. Aquella ley se votó a contrapelo de la disposición constitucional que establece como facultad de las provincias la imposición de los gravámenes directos. La paliación del déficit de los gobiernos nacionales fue su objetivo.

Para no sobreabundar, y teniendo presente que la Nación había invocado razones de emergencias, basta decir que esa emergencia aún existe.  Para justificarla, en los últimos tiempos han tomado por norma todos los gobiernos renovarla cada diez años.

Hoy, Ganancias (se la cambió del nombre de Réditos, para no entrar en contradicciones) se aplica a los trabajadores y jubilados argentinos, aunque sigue liberando a otras rentas como las financieras o del juego, entre muchas. Para los trabajadores activos y pasivos  no hay actualizaciones o revaluaciones a fin de lograr el pago.

Pero a fin de no desviarnos del tema del traspaso de las Cajas de Jubilaciones de las Provincias a la Nación, bajo el paragua de un Pacto Fiscal oscuro, sólo diremos que alguna vez vamos a encarar el tema de este impuesto en los pasivos.

Tal vez el primer acto de esta vapuleada obra ocurrió el 12 de Agosto de 1993, cuando los gobernadores provinciales del neoliberalismo menemista suscribieron “ad referéndum” de sus respectivas legislaturas  el pacto fiscal federal que -en lo que a la materia previsional se refiere- ordenaba “la transferencia de las Cajas de Jubilaciones Provinciales a través de convenios particulares al Sistema Nacional de Previsión Social, respetando los derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados provinciales”.

La importancia de este primer momento de la obra reside en el cinismo que el mismo pacto llevaría implícito. En efecto, el mantenimiento de los derechos adquiridos sería rápidamente neutralizado con el cambio de la Ley del Sistema Nacional de Previsión Social por el de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en Setiembre de ese año, o sea un mes después del Convenio, y eliminaría de un plumazo el derecho más apreciado que era el del 82 % móvil que tenían las Provincias.

Estas, a su vez, no tenían tiempo para evitar el cerco, porque debían desandar el largo proceso de sus aprobaciones legislativa, debido a la falta de mayorías en algunos casos, o a de la variedad de criterios del legislador en otros. Así, una a una, las provincias fueron cayendo en la trampa tendida por aquél documento particulares de los gobernadores, presionados por sus respectivas arcas fiscales. 

Tumulto en la Legislatura

Sin embargo, la obra toma intensidad en nuestra provincia si nos  centramos en aquel 7 de diciembre de l993, cuando una barra de jubilados, instalada en la Legislatura,  bullía llena de promesas de bienestar.

Por supuesto, no se escuchaban voces agudas y chillonas de jovencitas recién egresadas del secundario, ni graves y estruendosas de varones adolescentes o maduros, en el recinto: lo que se escuchaban eran compases que retumbaban con el golpeteo  de los bastones y gritos ronco  de los jubilados, dotados todavía de la energía que les daba la convicción de que iban a ser ejecutados.

Sabían que en mano de los representantes del pueblo ardía sin quemarse del todo el proyecto que el Poder Ejecutivo les había enviado para traspasar sus Cajas de Jubilaciones a la Nación. Y sabían, además, que ese paso –apenas un trámite administrativo que los abogados llamaban “convenio interjurisdiccional”- significaba un cambio desfavorable a sus reglas de juego en la ancianidad. Habría menos haberes, menos derechos al reclamo, menos acatamiento a las sentencias judiciales y, especialmente, más hijos que alimentar en el futuro ominoso de las generaciones que vendrían.

Por aquellos días, se criticaba  ya lo que esa misma Legislatura había aprobado el 28 de octubre inmediato anterior, al tratar la adhesión de la Provincia al extorsivo Pacto Fiscal de Agosto de 1992 impuesto por la Nación: Por él la Provincia había perdido más de $ 2.000.000 de los fondos coparticipables y quedaba a merced de la Nación transferir su sistema previsional, entre otras joyitas.

La indiferencia y las promesas

Los jubilados provinciales quedaron atónitos ante la indiferencia de sus representantes al artículo 63, inciso 1 y 4 de la Constitución Provincial aquel día, después que estos  mandatarios habían jurado no contradecirlo, en cuanto prescribía que la materia previsional era facultad indelegable de la Provincia.

Eso sí, alarmados por sus abjuraciones, aquellos hombres con banca  limitaron las facultades del rey del rock, de la balada y de las melosas canciones argentinas, degradado como gobernador de una pobre provincia Argentina, don Ramón “Palito” Ortega, impidiéndole hacer cualquier cosa en la materia.

“Si hay alguna preocupación o angustia en los jubilados, deben quedarse tranquilos, porque tienen un severo resguardo en disposiciones expresas de la Constitución Provincial que prohíbe la transferencia de los servicios previsionales a la Nación” habían dicho.

Ahora, era cuestión de diferenciar las cosas que se harían con el Sistema Previsional de Tucumán. Sin embargo, algún mal pensado -advirtiendo que no había necesidad alguna de tocar el sistema- advirtió que el pronunciamiento legislativo no era del todo clara y que acaso tuviera algún malvado futuro vinculado al Pacto Fiscal. Esta nube negra que los pasivos conocían más por viejos que por sabios, volvió a encolerizarlos y, por eso, el bullicio de aquella sesión.


Que entre el pueblo

Cualquier parecido con la Revolución Francesa, es pura casualidad. El entuerto parecía destinado a eliminar al rey y luego se vería qué hacer.

Así, cuando el Poder Ejecutivo insistió ese 7 de diciembre, hubo algunas particularidades. Los legisladores -aprobantes del pacto fiscal y con un “ni” en el traspaso previsional- decidieron que el pueblo tome las Tullerías –en este caso la barra de la Legislatura- para  testimoniar ante la historia su arrepentimiento.

“Que abran las puertas al pueblo” bramaban; y agregaban para que “vean cómo votan los legisladores de Tucumán”. Era cierto: los lacayos abrieron las puertas del palacio, y en medio de los gritos de esa parte del pueblo que palpitaba el hambre mayor, declararon que “el patrimonio de los jubilados no se negocia ni se vende” y en el acto rechazaron la intentona del rey.

Es cierto que, formalmente, decidieron también defender la integridad patrimonial del Instituto de Previsión y Seguridad Social, ordenando que “debía encontrarse un punto de equilibrio” para evitar su déficit, lo que empezó a bullir en la mente de los ancianos de vuelta a casa y con el triunfo en sus manos, que alguna nueva tropelía planeaba el inconsciente del poder vigente, pergeñador del maldito pacto fiscal. 


¿Victoria?

Por esa razón, durante los años subsiguientes a este a este pronunciamiento los jubilados no durmieron con tranquilidad y su ayer débil sospecha de un triunfo pírrico, devino en una manifiesta saña con acciones judiciales, manifestaciones y gestiones quejosas permanentes.

Si alguna duda quedaba que los funcionarios del poder hacían de sus pronunciamientos globos vacíos, se puso en evidencia cuando la misma Legislatura aprobara las leyes 6.622 y 6.639, por las que el Poder Ejecutivo jubiló anticipadamente al personal de los disueltos Banco de la Provincia y Obras Sanitarias, respectivamente.

No sólo se había desechado la neutralización del déficit previsional –devolviéndoles, por ejemplo, sus créditos con el Tesoro Provincial- sino que ahora hacía impensable que la Provincia sostenga por sí  este déficit.

Los jubilados recurrirían a la Justicia para lograr declaraciones protectivas, recursos de amparos o medidas cautelares, además de sus pasilleos administrativos. En algunos casos, pusieron en apremio a los propios gremios. Este paso sería tan o más complejo que el derrotero legislativo, porque salpicarían temas constitucionales, de la integridad de los derechos y hasta procesales, lo cual merece un nuevo acto.

Pero el marco del déficit previsional reiterado sirvió de  causa en las manos de la misma Legislatura que había ordenado el traspaso, luego arrepentida,  pero que siempre había dejado abierta algunas ventanitas  para que el pacto entrara en alguna de la futura noche de la década del 90.

Finalmente autorizó  el traspaso tan ansiado por la Nación. Pero éste es otro acto de esta maldita ópera, cuya música es una marcha fúnebre, con otros actores, otros decorados y otros  ritmos. En sí misma, es otra historia.

Por Carlos Romero
Para Periódico Móvil