El Senado convirtió en ley el presupuesto universitario

Con 58 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones, la Cámara alta sancionó este jueves la ley que garantiza la actualización automática del presupuesto destinado a las casas de altos estudios, y establece mecanismos de protección salarial para docentes y no docentes.

La norma, impulsada por bloques opositores y respaldada por una amplia mayoría, busca asegurar el funcionamiento pleno de las universidades públicas, en un contexto de alta inflación y tensiones presupuestarias. El oficialismo, por su parte, ya evalúa el veto presidencial, lo que podría abrir un nuevo capítulo en la disputa entre el Congreso y la Casa Rosada.

La iniciativa fue tratada sin mayores sobresaltos: había sido habilitada por dos tercios del cuerpo y su aprobación definitiva se concretó con un amplio respaldo transversal. Las únicas abstenciones provinieron de Andrea Cristina y Victoria Huala, ambas del PRO, junto a Juan Carlos Romero (Provincias Unidas).

¿Qué dice la ley?

El texto establece que los gastos de funcionamiento de las universidades públicas deberán actualizarse al 1° de enero de 2025, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre mayo y diciembre de 2024. Para lo que resta de este año, se aplicarán incrementos bimestrales, con el objetivo de evitar desfinanciamiento.

En cuanto a los salarios, la ley obliga al Ejecutivo a actualizar los sueldos del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 hasta la entrada en vigencia de la norma, en un porcentaje no inferior al IPC acumulado en ese período. Además, se establece que todos los aumentos deberán ser remunerativos y bonificables.

Otro punto central es la convocatoria obligatoria a negociaciones paritarias cada tres meses como máximo, con la exigencia de garantizar una actualización salarial mensual acorde a la inflación oficial.

Escenario de veto y posible insistencia

Con el aval del Senado, el proyecto queda en manos del Ejecutivo, que ya anticipó su rechazo. Sin embargo, la oposición se prepara para insistir con la norma en caso de veto: para ello, deberá reunir nuevamente una mayoría calificada de dos tercios tanto en Diputados como en el Senado.

La tensión entre el Congreso y el Gobierno se intensifica, y este nuevo capítulo evidencia las dificultades del oficialismo para contener la avanzada opositora en temas sensibles como la educación pública.