Karina Milei y Manuel Adorni.
A menos de una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada denunció ante la Justicia Federal la existencia de “una operación de inteligencia ilegal destinada a desestabilizar al país”. La acusación surge en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpicó al entorno presidencial y colocó a Karina Milei en el centro de la polémica.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que las maniobras incluyen “grabaciones clandestinas de conversaciones privadas” de la secretaria General de la Presidencia y otros funcionarios, que luego habrían sido manipuladas para perjudicar al Gobierno. “Esto no fue una simple filtración, fue un ataque deliberado y planificado”, enfatizó el portavoz a través de redes sociales, reforzando la idea de una operación política impulsada por la oposición.
El origen del conflicto se remonta a una serie de audios protagonizados por Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, amigo personal y exabogado del presidente Javier Milei. Las grabaciones, realizadas entre junio y octubre de 2024, según estimaciones, exponen supuestos hechos de corrupción. Spagnuolo visitó más de 30 veces la Quinta de Olivos, 26 de ellas en horario nocturno, lo que alimenta las sospechas. Sin embargo, aún se desconoce quién es el interlocutor de esas conversaciones.
La presentación judicial fue realizada por el abogado Fernando Soto, en representación del Ministerio de Seguridad, y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 12, a cargo de Julián Ercolini, con la intervención de la Fiscalía Federal N.º 4 de Carlos Stornelli. El escrito solicita una medida cautelar para impedir la difusión de nuevos audios. Desde el Ejecutivo sostienen que se trata de un plan coordinado para “generar confusión, condicionar el proceso electoral y erosionar los principales indicadores de la política económica”.
En su denuncia, el Gobierno apuntó contra el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quienes se acusa de participar en la estrategia para instalar el caso en la agenda pública. “El objetivo fue alarmar a la ciudadanía, distorsionar el debate democrático y manipular ilegítimamente la opinión pública”, se lee en el documento.
En paralelo, el canal Carnaval difundió dos audios atribuidos a Karina Milei. En uno de ellos se escucha: “No podemos entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”. En otro, la voz, similar a la de la funcionaria, menciona su extensa permanencia en Casa Rosada. Aunque esos fragmentos no hacen referencia directa al caso ANDIS, desde la productora adelantaron que serían solo el comienzo de una serie de nuevas filtraciones.
La denuncia del Ejecutivo advierte que las grabaciones podrían haberse realizado incluso dentro de la Casa de Gobierno, lo que representaría un hecho inédito en la historia institucional argentina. “Las conductas descriptas forman parte de un ataque contra una de las principales figuras del oficialismo mediante una operación prohibida por la Ley 25.520”, sostiene el texto.
Finalmente, desde la administración libertaria remarcaron que no permitirán “que operaciones ilegales ni injerencias externas interfieran en la democracia argentina” y advirtieron que los responsables deberán responder ante la Justicia.
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