Jubilados o buitres

Hace pocos días, el presidente Mauricio Macri anunció que si no le derogaban las leyes que le impide pagar a los buitres, el ajuste y la hiperinflación volverán a la Argentina. Se estaba refiriendo al ajuste salvaje, pues el ajuste ya volvió y con una impronta parecida. En cuanto a la hiperinflación, está en el mismo camino.

Los trabajadores y jubilados tenemos una vasta experiencia en este tema. Sabemos que sus consecuencias son la baja de sus haberes nominales, más otra  baja por la merma de su poder adquisitivo. En síntesis: la destrucción del salario activo y pasivo. 

Si por casualidad creemos que igual trato recibirán los ricos y capitalistas concentrados, o carecemos de memoria o de conocimiento. Es condición propia de los ajustes y la hiperinflación fortalecer a los sectores mejor acomodados en la economía, con cargo a los de más abajo. De hecho,  esta transferencia se está haciendo en el escenario actual de la política económica.

Estoy tentado en hacer hablar a los mentores del actual gobierno, que son los mismos que los que precipitaron la crisis de 2001, al solo efecto de comprender la inteligencia de estos operativos. Pero me limitaré a mencionar algunas de sus frases, que, seguramente se utilizarán si se cumple el presagio de Macri.

Decía Patricia Bullrich, por entonces Ministra de Trabajo y Seguridad Social, que el recorte de salarios a trabajadores y jubilados del 13%  estaba ampliamente justificado y que había que ponerle límites al sindicalismo (protestante). Su actual cargo de Ministra de Seguridad nos exime de mayores comentarios.

A su vez, Federico  Sturzenegger proponía  que a la par del ajuste, había que devolverle el impuesto a las Ganancias (todavía no lo pagaban los asalariados)  al sector privado por que ya habían hecho “importantes esfuerzos” para salvar al país. Lo decía mientras se fugaban 8.800 millones de dólares buscando refugio seguro en los paraísos fiscales del exterior. Hoy es presidente del Banco Central. A su vez, el multiuso López Murphy clamaba en el 2000 que se haga un recorte mayor, porque lo que se había hecho era insuficiente.

Por aquellos años,  la merma de los haberes de trabajadores y jubilados –ya se dijo que era del 13%-  se debatía en el Congreso, pero, temeroso que fuera acotado, el gobierno de De la Rúa y Domingo Cavallo de entonces (irónicamente el nombre de ese Gobierno es el de la Alianza) decidieron apresurarse con un Decreto de Necesidad y Urgencia. Si bien la recesión había comenzado con Menem en el poder en 1998, la bomba explotaba en el 2001.

Menem había obtenido dólares con malvendidas privatizaciones, joyas que se agotaron al final de su período, de modo que debió recurrir a endeudarse a tasas altísimas, mientras los precios de los granos en el exterior se derrumbaban. Dejaba todo para que la bomba explotara en el nuevo gobierno: en poco menos de 3 meses se confiscaron ahorros (corralito), se cortaron los créditos al país, se profundizó el ajuste, hubo corridas bancarias (que alcanzó al Uruguay) y terminó con 39 muertos por las protestas (entre ellos 9 niños), además de tumbar al gobierno de De la Rúa y el sistema político amenazó con desaparecer. 

Mientras todo esto ocurría, pocos se percataron del dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia que involucraba a los jubilados, en especial a los que habían sido transferidos desde los sistemas provinciales a la Nación, fruto de los acuerdos que surgieron de los Pactos Federales del 1992 y que se concretaron desde 1994, una vez reformada la Ley de Jubilaciones y Pensiones de la Nación y de alcance general.

Recuerdo que aquel pacto, que posibilitaba la desaparición de los sistemas previsionales provinciales y mandaba a la ANSES a los beneficiarios que se quedaban sin Cajas jubilatorias, había procurado instalar un sistema de reparto (administrado por la Nación) que iría degradando el haber jubilatorio inicial, con el propósito de procurar que en el futuro los trabajadores opten por la Jubilación Privada. O sea que transferían un negocio que tenía la Nación y beneficiaba a los aportantes, a empresa multi y nacionales que no sólo se llevarían los beneficios, sino que les permitía la concentración de capitales, que era el mimo de la época. 

El decreto que mencionado y que pasó casi desapercibido, dictado 2 de Junio del 2000, (DNU  438/2000) establecía que los jubilados transferidos  a la ANSES desde las provincias, percibirían  el 50% de los haberes que estuvieren cobrando hasta entonces, salvo que fueran mayorcitos desde los 51 y 60 años, donde la percepción se reducía al 67%. Semejante salvajada pasó sin pena ni gloria allí donde el poder amplifica sus voces –Capital Federal y Gran Buenos Aires- pues, en realidad, adquiría importancia para los habitantes de las Provincias del interior del país, que habían sido arriados a los centros de tortura que implicaba para ellos la ANSES.

Parecía una burla la discriminación entre beneficiarios provinciales que tenían menos de 51 años, pues éstos prácticamente no existían (obsérvese que si sumamos 30 años de trabajo, exigidos como mínimo en cualquier sistema jubilatorio, a los 18 años de inicio de la actividad laboral, el resultado es de 48 años como mínimo) y estaban reducidos a quienes gozaban de regímenes provinciales especiales, los cuales comprendía a  algunos beneficiarios docentes. La merma de los haberes jubilatorios era, prácticamente, del 33%, sin contar los recortes ya sufridos por la disposición general para trabajadores y jubilados vigente. (13%). La intención era que la franja donde la merma era el 50% fuera más grande.

Como es natural, el costo del ajuste vía salario, siempre empezará por los más débiles. Y los jubilados figuran al pie de esta escala. Obsérvese el hecho francamente bárbaro que un jubilado de los mal llamados “de privilegio” (en realidad son canonjías) como podría ser un ex Ministro de la Nación empresario, estaba  excluido de este Decreto, por cuanto el mismo sólo incluía a personas con actividad laboral en el interior del país. 

También cabe considerar que el recorte salarial general sumado a este otro recorte discriminatorio, ahorraba al gobierno nacional prácticamente el 80% del déficit fiscal, razón por la cual podía atacarse para completar la miseria que faltaba a otros sectores endebles, que un conocido político liberal señalaba que eran de la educación. Obsérvese también que el sentido común nos muestra que la mayor parte de esos ajustes provienen del sector de jubilados, lo que resulta natural para un neoliberal.

Lo que con mayor vehemencia atacaron los jubilados transferidos fue el marco de confiscación que sostenía el decreto, a pesar que el orden Constitucional prohíbe expresamente la confiscación. Una reducción de un haber de por sí disminuido por su carencia de índices adecuados para determinar promedios;  de un haber que no tiene movilidad –recuérdese que por aquéllos años el poder había decidido delegar en la ley de presupuesto la movilidad, lo que jamás se cumplió- y que aun así había sido disminuido por los topes de la ley de destino (24.463) para los transferidos; de un haber incluido en la merma del 13% general de los ingresos de trabajadores y jubilados, jamás podrá ser comprendido sino como una expropiación cuando sufre una merma del 33% mínima, por una disposición del Poder Ejecutivo. Dicho de otro modo, constituía una requisa vestida de ley.

Si eso es todavía poco, y queremos interpretarlo como un tributo, la situación de ilegalidad toca los límites del delito (exceso de poder), pues, como es sabido, los Decretos de Necesidad y Urgencia no pueden comprender  la materia tributaria.

Pero esta escabrosa perla de la desesperación fiscal y rentabilidad privada, por su osadía, su maledicencia, su espíritu de desigualdad y malicia jurídica no podría tener otro destino, en cualquier sociedad donde la vida transcurre con un orden razonable, que el desprecio. En nuestro país debió transitar los escabrosos pasillos de los tribunales menores, para que finalmente la Corte Suprema de Justicia se alarmara de la iniquidad y pasara al olvido la bravuconada del poder. Hoy está en ese olvido, incluso tal vez como hecho histórico, pero en las neuronas de los que asustan con las amenazas de las frustraciones gubernamentales, habita como un fresco recurso de imposición. 

Por inconcebible que resulten estos conceptos, son parte de los ajustes. Ajustes salvajes, claramente, propio de aquéllos que parecen definir el universo de la vivencia y sobrevivencia a quienes integran los privilegiados de los sistemas económicos. Todos esperamos que no sea así. 

Por Carlos Romero
Para Periódico Móvil