¿Y los jubilados transferidos?

Noticias y noticiosos; entrevistados y entrevistadores; analistas y analizados, y hasta casi toda la opinión pública del país, incluidos funcionarios y sus allegados, hablan del la nonata ley de “reparación histórica” de los jubilados, pero casi ni mencionan al grupo de los que fueron a parar a la ANSES y que eran beneficiarios de los sistemas provinciales.

Son los “transferidos” o “de los que no se habla” (ni tampoco se los escucha). Tienen, claro está, sus problemas particulares –y no de los menores-,porque son producto de un una época de la histeria fiscal de Nación ,que procuraba recaudar los ahorros jubilatorios de todo el país para ir disminuyendo los haberes y hacer más rentable esos fondos frescos, aplicándoles el garrote de la ley 24.241 junto al “cepo” de los índices de actualización insuficientes, además de la ahora derogada ley que impedía vincular el haber jubilatorio con el del correspondiente trabajador activo .

Ocurrió casi exactamente hace 20 años, cuando el entonces equipo económico nacional decidió juntar a todos los jubilados y anularles para siempre el 82% móvil del que gozaban algunos abuelos y en especial los de tierra adentro. Está claro que ese derecho era y es odiado por el neoliberalismo (por lo que sorprende la actual excepción macrista, aunque de ello sólo sea rescatable la voluntad o la etiqueta del tema) desde que se trata de un beneficio para la mano de obra callosa e improductiva, y se financie con sus propios ahorros. Naturalmente, aquella transferencia no salió bien para nadie, ni siquiera para sus ideólogos, que pronto vieron desfinanciado el sistema nacional.

Pero enfocando nuestra atención en los jubilados transferidos de Tucumán, históricamente éstos resistieron no sólo en los orígenes y gestación político-económico de los acuerdo entre los gobiernos, sino mediante protestas de casi dos décadas, tal vez físicamente débiles, pero plenas de razones y convicciones, en medio de políticos locales que los humillaron con su falta de soluciones y hasta con su silencio y negativa al diálogo. Ellos perdieron su movilidad del 82%, para la que habían hecho mayores aportes como activos, al ser anclados en la maldita ley nacional (aún vigente a pesar de sus numerosas correcciones). Los que pudieron, llegaron a la justicia, que sin vacilar les dio la razón, y les pareció aniquilar la agresión. Pero sus sentencias –casi todas firmes- no superan la Suprema Corte local.

La cuestión era simple: negar un derecho adquirido es una confiscación. Aunque finalmente la cuestión se centró en quién debía pagar la reparación que era necesaria y fuera producida por la accidentada transferencia (la ANSES se negó, aduciendo que eran cuestiones anteriores al traspaso, y la Provincia fue débil para cuestionar que cuando alguien se apropia de algo, resulta inadmisible eludir sus efectos y defectos ya conocidos) la Provincia terminó siendo llamada a estar en juicio y condenada a hacerse cargo del pago, cosa que hasta la fecha sigue eludiendo mediante el dispendioso artificio de declarar una permanente emergencia económica. En realidad este recurso, francamente inconstitucional -pensando que una emergencia lo que menos debe ser es permanente- ni siquiera mereció la subsidiaridad nacional, en una sincera ostentación de indiferencia a sus responsabilidades. Pero estos elefantes no son tan señalados como las pequeñas mariposas en nuestra historia.

A estar por lo que se dice del proyecto nacional para solucionar el problema de la deuda interna previsional –en realidad deberíamos hablar de la confiscación o malversación de los ahorros de los trabajadores- y con actual tratamiento legislativo, no se sabe con certeza lo qué habrá de pasar con la deuda de los jubilados transferidos, que tiene la particularidad de contar con un haber inicial violado (no se les reconoce el 82%) y una movilidad francamente descalificada.

Con optimismo puede decirse que el problema más acuciante de su solución es su pago, pues la Provincia no tiene claro aún si habrá de recibir ayuda nacional, aunque en esto esté tan ansiosa como la Nación que tampoco tiene certeza alguna respecto de nuestros conciudadanos que han escondido sus fondos en el exterior (con un blanqueo de billetes y ennegrecimiento de dueños). Esta visión apocalíptica, escondida ante nuestro optimismo de jubilado provinciano y estafado, sin embargo, merece algunas observaciones, que además de necesitar la intervén ión de especialistas, no parecen haberse tenido en cuenta para la futura ley de solución final al drama jubilatorio.

Tal vez sea subjetivo y profano, pero es indudable que es el cuestionario de cualquier jubilado transferido (que aún sobrevive, dicho sea de paso). La primera observación surge de una cuestión que siempre ha sonado a excusa, pero que la Provincia lo tiene por cierto: ella no puede legislar en materia previsional. ¿Por qué? Por el simple hecho de que en 1996 ha delegado a la Nación sus facultades previsionales, junto con sus jubilados. Argumento inconstitucional éste, a todas luces, pero aplicado con la complicidad del silencio por prácticamente la totalidad de los funcionarios y políticos obedientes. De ser así, es probable que los jubilados transferidos no tengan sino una solución parcial a sus demandas.

La segunda duda surge del hecho de que las sentencias obtenidas por los jubilado que han litigado, no son de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino de la local, lo que puede ser decisivo si el texto legal se limita a lo anunciado por las autoridades nacionales y no es reparado en el Congreso. El riesgo está en que al no litigar en la jurisdicción que la ley manda se los considere abstemios judiciales, y entonces sólo se le reconocerán movilidades nacionales de los últimos 4 años sobre la base de un haber inicial menor al reclamado, pues de esto sí se tiene certeza que están en tiempo en el sistema nacional En realidad, con un poco de sentido común, estas dos observaciones, deberían tratarse de problemas menores, aunque seguramente habrán de poner colorado a más de un funcionario de ayer y de hoy.

Si las cosas funcionan sin estos estorbos, es probable que la posición de los jubilados transferidos con sentencias firmes, mejoren sus posibilidades de hacer objetivo sus cobros, partiendo de la base que sus haberes ya fueron ajustados y seguirán ajustándose con el 82% móvil. Pero ¿qué pasará con aquéllos que no hicieron juicio? Si se aplica el dispositivo anunciado –contando con que sea aprobado- se les solucionará el haber de los últimos 4 años, por ser ya integrantes del sistema nacional y derechos derivados de él, pero quedará renunciado, entre otros, el derecho al haber del 82% del trabajador activo desde 1996 a 2012, como base para computar sus retroactividades. ¿Podrá entonces ese jubilado enjuiciar para hacer llamar a los acordantes de su transferencia, por las correcciones de sus haberes durante los 8 años perdidos, a pesar de su renuncia? Finalmente, ¿quién pagará las futuras y actuales diferencias, si se reconocieran? ¿Qué hacer con el cómputo de los haberes no contributivos (en negro) de los trabajadores activos?

Siendo el optimismo lo último que se pierde, acordemos que la solución final de lo que hablamos superan las mencionadas “nimiedades”. Jubilados transferidos, no transferidos y demás segmentos de la ancianidad llamada “pasiva” en nuestra sociedad, ¿quedarán satisfechos por el destino marcado o con cierto malhumor porque ese destino viene con índices de actualización minorados y tasas de interés pasivas, a tal punto que algunos tendrán retroactividades nulas o que no merecen ni ser regaladas a sus nietos?

Sobre este punto ya se ha hablado desde esta misma columna, aunque haya resultado algo decepcionante el hecho de que los representantes del pueblo han tomado –hasta ahora- con mayor énfasis los problemas del blanqueo y de la destrucción del Fondo de Garantía Sustentable del sistema jubilatorio, desde la óptica de sus consecuencias políticas. En realidad no se trata de problemas menores, pero no es digno pensar que el Gobierno quiera salvar a sus ex funcionarios de ser sustraídos del blanqueo y conservarle su anonimato, y la oposición no tenga el menor ánimo de que sólo sean excluidos los ex funcionarios nacionales y que todos se liberen del anonimato; ello, frente al problema de la histórica deuda interna de los jubilados. Pero si esto es indigno, peor es el oprobioso intento de ocultar al ciudadano indigno, frente al que se sacrifica cumpliendo sus obligaciones tributarias.

Tampoco tiene entidad suficiente la lucha por la venta o no de los títulos de en cartera de la ANSES, pues en lugar de su utilización como última instancia, se lucha por las sillas en la asamblea de accionista de empresas que, tal vez, tienen más que ocultar que informar. Ni qué decir del intento de burlar la Constitución, impidiendo que los periodistas den a conocer los nombres de los violadores económicos, con amenazas penales. Es el plano moral que se pone al rojo vivo. Los periodistas sienten las pedradas de los intereses y los jubilados, especialmente los transferidos, soportan el frío de las plazas en espera de conocer sus destinos.

Por Carlos Romero
Para Periódico Móvil