Apelaron el sobreseimiento de Manzur en la causa del plan Qunita y piden que sea procesado

Aún no está dicha la última palabra respecto a la desvinculación del ex ministro de Salud de la Nación y actual gobernador de Tucumán Juan Manzur en la presunta defraudación al Estado por la compra de kits para recién nacidos en el llamado plan Qunita.

El titular del Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, apeló la decisión del juez federal Claudio Bonadío, que sobreseyó al ex ministro durante la gestión de Cristina Kirchner al considerar que el fallo “es prematuro” y que hay elementos para determinar su responsabilidad en las licitaciones direccionadas y el pago de sobreprecios por los 140.000 kits con elementos para bebés, incluidos ropa y accesorios.

Cabe recordar que Bonadio dispuso sobreseerlo luego de que la Cámara Federal porteña revocó su procesamiento y lo dejó con falta de mérito. Distinta fue la suerte del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y del ex ministro de Salud Daniel Gollán, además de siete proveedores del Estado, sobre quienes la Cámara porteña confirmó sus procesamientos con prisión preventiva.

"Sobre la situación del por entonces Ministro de Salud de la Nación, no comparto su desvinculación, puesto que claramente la pesquisa ha demostrado que la Licitación Pública N° 4/15 del Ministerio de Salud de la Nación, constituyó un plan único para defraudar al Estado, y que cada uno de los intervinientes hizo su aporte conforme sus funciones y vigencia de su cargo", afirmó el fiscal Rodríguez en su escrito dado a conocer por el sitio oficial fiscales.gob.ar.

El pedido del fiscal nacional también incluye a los integrantes del Servicio Jurídico de esa cartera: Elisa Marta Gulberti, Carlos Alejandro Liz, Viviana María Bonpland y Alelí Claudia Polar García.

Además, requirió que se “dicten los pertinentes procesamientos”. Cabe señalar que oportunamente el juez de primera instancia había decretado sus procesamientos, los que fueron revocados por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.

Además, Rodríguez consideró que "el proceso licitatorio fue concebido con la clara e inequívoca intención de obtener un provecho espurio".

El representante del Ministerio Público Fiscal puntualizó que los funcionarios del Servicio Jurídico del Ministerio de Salud debieron haber advertido las irregularidades y dictaminado en contra del pliego aprobado por Manzur el 30 de enero de 2015, que violaba los artículos 46 y 47 del Reglamento de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, "permitiendo la violación de la igualdad, concurrencia y transparencia, principios rectores de toda contratación del Estado". Según el fiscal, el pliego licitatorio "restringía la oferta a unos pocos al llamarse a licitación pública por grandes cantidades de bienes en un único renglón y con cortos plazos de cumplimiento".

El titular de la PIA detalló que se "permitió dar curso al trámite de un proceso de selección formal pero direccionado para quienes resultaran finalmente adjudicados, al aprobar el pliego de bases y condiciones particulares con serias irregularidades afectando de esta manera los principios básicos que deben regir a toda contratación pública, que superan la mera negligencia".

También, Rodríguez apuntó contra los privados que se hicieron del beneficio de la maniobra y solicitó: “verificar con mayor exactitud la coordinación y puntos de contacto entre los oferentes, que actuaron en forma similar al contratar con un tercero, con antelación a la adjudicación”.

Posible revés para Manzur

Ante el planteo del titular de la PIA, podría quedar sin efecto el sobreseimiento de Manzur en la causa y, al igual que Fernández y Gollán, ser procesado por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Bonadio trabó además un embargo sobre los bienes de los procesados de 440 millones de pesos. El monto fue fijado "en virtud del perjuicio patrimonial ocasionado al Estado", explicó el juez, quien calculó que el sobreprecio fue de unos 3000 pesos por cada uno de los 140.000 kits.

Esta causa se inició el año pasado, con la denuncia que presentó el 23 de junio de 2015 la legisladora porteña Graciela Ocaña.