¿Subsidio o suicidio?

La coyuntura política a veces opaca sus propios y crónicos males.  Así, hablar hoy del drama de los jubilados argentinos, en medio del ballotage de hacha y tiza que proponen las elecciones presidenciales de este año, es como tirar serpentinas en un velorio.

Sin embargo, algunos temas puntuales tarde o temprano van a presentarse sincronizados con la gestión gubernamental. Se mirarán de frente y tal vez, como siempre, alguno saldrá con la cabeza gacha. Porque el drama jubilatorio en curso, no es su propia enfermedad, sino su tratamiento. Y en ese tratamiento suelen presentarse algunas paradojas.

Lo cómico y lo macabro

Hasta no hace mucho, la humorada popular solía cambiar la palabra “subsidio” por “suicidio”. Ocurría cuando, por alguna razón, los gobiernos solían hacer aparecer a los beneficios más o menos dadivosos con un nombre “doctoral”, pero sustancialmente inoperante o peligroso en la realidad.

Tampoco la humorada era pura, pues escondía una subliminal protesta.  Así, entre nosotros, la conocida obra social de los estatales cambiaba su nombre de  “Subsidio de Salud” por el de “Suicidio de Salud”, cuestión ya menos ingenua porque se trataba de la salud de la gente.

No está de más acotar que hoy la humorada ha mutado a tragedia, porque las noticias que nos llegan hablan de trámites y  prestaciones que rozan lo macábrico. Especialmente cuando de aviones se trata, porque las naves destinadas a trasladar enfermos urgentes se ocupan para la política, cuando no para cuestiones domésticas de los funcionarios.

Pero siempre  la burocracia suele tener razones que la razón no entiende. Otros protagonistas han aparecido en el sueño de la justicia social, como las razones fiscales, los voladizos peligrosos del clientelismo, y hasta la prepotencia sindical cuando manejan su poder conforme con la gestión de lo más sensible al hombre común.

Llama la atención, sin embargo, que esta confusión tenga  perfiles más profundos. No es sólo  una cuestión de ingeniosa cacofonía, sino de niveles conceptuales; que enfrenta  neuronas sociales internalizadas, que  aturden el intelecto. Y aquí también la cuestión viene de lejos.

Empleados públicos

¿Por qué, por ejemplo, -ya que antes aludimos a esto- la salud de los empleados públicos tucumanos merece el nombre de “Subsidio”, si al final de cuentas –malas administraciones aparte- la financian los propios trabajadores estatales activos y jubilados, y reemplazan  la defección del Estado que está obligado por la propia Constitución Nacional (Art° 14 bis) a sostenerla?

¿Cómo es esto de que los trabajadores se subsidian a sí mismos, con parte de sus haberes? Algunos sospechan que las cañerías de la arquitectura estatal han sido diseñadas para derivar aguas a otros molinos. Pero ahora no debemos detendremos a pensar si uno se puede subsidiar a sí mismo, sino de qué se tratan los subsidios mismos y cuáles son sus destinos, especialmente en el ámbito previsional. Subsidio o suicidio. O subsidios que son suicidios. Esta es la cuestión.

Docentes jubilados

Por razones que son obvias y cuyo cuestionamiento no viene al caso, los argentinos tenemos el buen tino político de privilegiar la función docente, al menos en las intenciones. Los educadores no sólo suelen gozar de un buen tratamiento en el régimen laboral, sino que algunas de sus funciones complementarias –por llamarlas de algún modo - tienen incentivos que reconocen en el docente un merecido privilegio (descansos, vacaciones, perfeccionamiento, apoyo a sus investigaciones, etc.).

Es cierto, de todos modos, que no debemos caer en la ingenuidad de creer que tales reconocimientos surgen de un espíritu político sublimado pues, en la práctica, la condición de docente no es siempre  bien reconocida o aceptada. Sobre todo en el momento en que debemos asumir los costos (o inversiones) educativas.

También es necesario tener presente que estos conceptos anidan en los distintos niveles de la educación y aunque puede existir diversos modos de encararlos, en general están orientado conforme se ha dicho.

La cuestión no cambia cuando la docencia se la enfoca en el ámbito previsional, pues se han reconocido edades, formas de prestación del servicio activo y, especialmente, la compatibilidad de distintos regímenes jubilatorios; además de los roles de investigación, que en definitiva se vuelcan  en leyes previsionales especiales. Pero no todo lo que brilla es oro.

Hoy, las jubilaciones docentes siguen sus regímenes especiales (sobre todo secundarios y universitarios), pero se encuentran en una especie de agujero negro del espacio jurídico argentino. Podrán ser, en el futuro, engullidos por el sapo estelar o podrán subsistir eternamente al lado de sus labios; conforme nosotros, los humanos, creemos que se organiza la astronomía.

De Menem al kirchnerismo

En efecto: cuando el menemismo por ley cambió el régimen general jubilatorio (allá por 1994) decidió que todos los regímenes especiales  puedan ser derogados. Algunos, como los docentes, ni siquiera fueron nombrados en la ley.

Pero ni corto ni perezoso, el Poder Ejecutivo mandó a los docentes al régimen general, lo que importó privarlos de la movilidad y porcentaje mínimo del  82%, del que gozaban, en la firme creencia de que la ley lo facultaba a hacerlo.

Sorpresivamente,  se encontró con la ingrata sorpresa de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la medida como un exceso de poder, porque una ley especial sólo puede ser derogada por otra expresa para esa ley especial.  Así las cosas, la cuestión comenzó su carrera espacial jurídica, eludiendo planetas y rumbo a su agujero negro. Y esto ocurría porque las decisiones de la Corte sólo valen para cada caso, y las decisiones del Poder Ejecutivo pueden aplicarse a todos.

El paso del tiempo dejó todo en esos términos el crucero hasta que llegó a manos de los K, que se vieron obligados a resolverlo derogando el decreto inconstitucional o saneando la derogación que conllevaba, mediante el dictado de otra ley. Su ingenio creador de proclama progresista, pero de instintos neoliberales, lo obligó a aguzar el ingenio.

Y lo hizo. Mediante un subsidio con olor a suicidio, pero lo hizo. Dejó a los docentes gozando de un subsidio complementario que equivale a una diferencia entre lo que percibirían por el régimen general, y el 82%.

Eso sí, se cuidaron de no derogar el decreto de supresión del régimen y, de paso cañazo, impusieron un aporte mayor a los haberes docentes activos, en procura de financiar la patriada. Tampoco se restituyó la movilidad, de modo que no es poco saber cómo lo hizo: fue mediante un decreto de necesidad y urgencia.

La arquitectura jurídica resulta hoy tan endeble que finalmente la diferencia entre el subsidio y el suicidio va a depender de algún futuro judicial, jueces independientes aparte. Se llame como se llame, la patriada parece una nueva humorada de cómo el subsidio se convierte en suicidio. 

Por Carlos Romero
Para Periódico Móvil