Recuperan inmueble usurpado en Banda del Río Salí y lo ceden a la Policía para la Brigada de Investigaciones Este

En un operativo conjunto entre organismos provinciales y municipales, se logró recuperar un terreno perteneciente al Superior Gobierno de la provincia, ubicado en Banda del Río Salí, que se encontraba ocupado ilegalmente. El inmueble fue cedido a la Policía de Tucumán, que lo destinará a la continuidad de la obra de la Brigada de Investigaciones en Los Vallistos.

El acuerdo de cesión se formalizó en un acto que contó con la presencia de destacadas autoridades, incluyendo al ministro de Seguridad, quien destacó que esta acción es resultado de un trabajo articulado entre la municipalidad, la Fiscalía de Estado, la Dirección de Catastro y la Policía, siguiendo las instrucciones del gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo. El objetivo es recuperar inmuebles fiscales y darles un destino en beneficio de la comunidad.

Por su parte, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, resaltó la importancia de esta recuperación para la fuerza policial, calificándola como una "decisión política muy buena" que permite obtener resultados rápidos y concretos para el bien de la sociedad. Asimismo, reafirmó el compromiso de la Policía en colaborar con el área jurídica del Gobierno en la recuperación de otros inmuebles usurpados. Aunque el destino final del terreno para las investigaciones aún se está definiendo con el área técnica, se confirmó que será para un área de investigaciones.

El Dr. Víctor Hugo Vitale, director de la Unidad Ejecutora de Protección del Patrimonio, explicó el proceso legal, señalando que la recuperación de inmuebles usurpados es una política de Estado. En este caso específico, una familia colindante había edificado en la propiedad del gobierno, impidiendo la continuación de la obra de la Brigada. La denuncia de la municipalidad de Banda del Río Salí permitió actuar en consecuencia, al tratarse de un dominio público del Estado.

El abogado municipal, Mariano Bustamante, enfatizó el éxito del trabajo conjunto, que se inició con la Dirección de Obras Públicas de la municipalidad y la intervención del Juzgado de Faltas al advertir la ocupación ilegítima. Esta situación fue puesta en conocimiento del gobierno provincial para que ejerciera su legítimo derecho.

Finalmente, la jueza de Faltas municipal, Sandra Clares, detalló que se inició una causa contravencional en el Juzgado, donde se dictó sentencia sancionando a los involucrados por construir en terrenos ajenos, y se dio intervención a la Fiscalía de Estado de la provincia por cuestiones de competencia y jurisdicción.