La muerte del policía Vides, las redes sociales y la sentencia exprés

Desfigurados, de rostros irreconocibles y bañados en sangre. Una foto por cada uno de los cuatro presuntos delincuentes que, se sospecha, son los responsables por la muerte del policía Juan José Vides, ocurrida durante la descomunal persecución del martes en la zona oeste de la ciudad. Los principales medios de comunicación no las publicaron, pero prácticamente cualquier tucumano con un smartphone las recibió. Twitter y Facebook las repitieron hasta el hartazgo. 

El territorio no legislado, caótico, explosivo e inédito de las redes sociales (incluido WhatsApp) llenó un hueco que otros espacios, de transformación más lenta, han dejado vacíos: los de la difusión indiscriminada de información, de la respuesta inmediata, de la formación de juicios y sentencias exprés. Ni los medios de comunicación ni la Justicia pueden satisfacer estas necesidades, propias de una época en que el tiempo se ha acelerado hasta comprimirse en el “ya”. 

Es comprensible. Nadie puede culpar a la época por intentar apropiarse y explotar al máximo las posibilidades comunicacionales que están servidas, al alcance de la mano. Si la ciencia nos permite conocer ya mismo los hechos, sin movernos de nuestra casa y sólo con deslizar el dedo sobre una pantalla, el apetito por el resultado final aumenta. Queremos una sentencia ya, queremos el castigo ahora mismo. 

Los medios de comunicación van más despacio. La prensa lleva en sus espaldas mochilas de errores históricos producidos por el hambre de la primicia y la voracidad de la inmediatez. En la Argentina, el caso Fernando Carrera es el ejemplo más vivo del horror que puede desencadenar una sentencia mediática y apresurada. Carrera pasó siete años preso hasta que la Corte revocó su condena, aunque el caso todavía espera una resolución definitiva. 

No es el único. Alejandro Bordón pasó entre rejas casi dos años porque fue confundido con el asesino de un chofer de colectivos en Monte Chingolo. Era inocente. Luz Gómez y Diego Romero, papás de la pequeña Zaira, estuvieron presos casi cuatro años porque encontraron una mochila de la niña en  la escena de un crimen. Luego, se probó que no habían tenido nada que ver y fueron liberados. En todos los casos, las primeras evidencias dieron a la prensa la falsa certeza de que los acusados eran visiblemente culpables. Aunque liberados, las vidas de todos ellos quedaron arruinadas.

La ONG Innocence Poject lleva documentados más de 300 casos de personas condenadas por delitos que no cometieron, todas liberadas tras pasar un promedio de 13 años tras las rejas. Por cada mala sentencia, una vida se arruina y un delincuente queda libre. 

¿Es posible sospechar que los cuatro delincuentes (cuyos rostros desfigurados todo Tucumán conoce) sean inocentes? Los medios de comunicación tienen la obligación de hacerlo. La Justicia también. 

¿Se puede pedir lo mismo a los usuarios de las redes sociales? Ciertamente, nadie puede saber qué exigencias se le pueden hacer a esta nueva generación de cibernautas, pioneros en el uso de una tecnología impensada hace tan solo 20 años.

Se trata de personas que, hasta hace algunos años, apenas tenían público para expresar sus razonamientos y opiniones en la mesa de un bar o en un encuentro familiar y, de pronto, adquieren la adictiva sensación de ser leídos por miles de desconocidos. Jóvenes que ni sospechan que hasta hace poco existía un mundo en el que, para hacer masiva una reflexión, era necesario tener dinero, militancia o una profesión. 

El sistema judicial no ayuda. Habitamos un Tucumán que ve marchar desde hace una década a padres de hijos asesinados todos los martes, en la tierra de Paulina Lebbos y Pamela Laime, en la ciudad en que casi no queda un habitante que no haya sufrido en carne propia (o de algún familiar o amigo) un asalto. El pedido de justicia es un grito ahogado por la lentitud y la corrupción tribunalicia. La idea de condena social en reemplazo de la judicial se abre paso acelerada, a caballo de esta delirante herramienta de difusión. 

La libertad absoluta de opinar en las redes sociales (merecida libertad, tras tanta dictadura y tantos siglos de control ideológico) lleva a los ciberdedos acusadores a emitir sentencias a diestra y siniestra.

Así, hay quienes exigen  muerte lenta y dolorosa para los cuatro presuntos delincuentes. Otros, reclaman que la Policía no los torture durante su detención. Mutuamente, se acusan de fascismo o de garantismo. De macrismo o kirchnerismo. El dedo acusador va desde los delincuentes a la Policía, pasando antes por todo aquel que piense diferente. 

La incógnita de la época consiste en dilucidar si lo que ocurre en las redes sociales es un preludio de lo que va a pasar “en la vida real” o si ya adquirió entidad propia para ser considerado “la realidad misma”.

Decir que los cuatro presuntos delincuentes ya fueron condenados por la sociedad implica reducir a Tucumán a un puñado de gente con poder adquisitivo y edad adecuada para manejarse en ese mundo virtual. Aunque dentro de las redes sociales las verdades parecen inmutables; fuera de ellas, la vida continúa por carriles más lentos. Otro error clásico de la prensa es asomarse al mundo 4G y creer en sus verdades; en lugar de recorrer a pie la realidad cotidiana de los seres colectivos de carne y hueso. 

El fenómeno cibernético no es despreciable. Muchos de los movimientos sociales “espontáneos” de los últimos tiempos en Tucumán tuvieron como preludio importantes convocatorias en las redes sociales: la marcha “Ni una menos”, el “Tucumanazo” contra el Fraude, el 8N y las protestas contra la rebelión policial de diciembre de 2013 son sólo algunos ejemplos. Otros llamados -ahora ya olvidados- no se concretaron en las plazas ni en las calles y se disolvieron antes de materializarse. 

Mientras todo ello ocurre, trabajadores cortan calles por aumentos o despidos, vecinos queman cubiertas por cortes de luz, madres protestan por el avance del paco y familiares claman justicia por los asesinatos de sus hijos. En todos esos procesos, las redes sociales apenas asoman como un medio para acordar horarios o están directamente ausentes. El factor determinante es objetivo. La historia sigue demostrando que son las condiciones materiales las que transforman a la cultura. Sin materia, no hay movimiento. 

Por las redes sociales circulan imágenes de un policía tucumano llegando al cielo, acompañado por el mismo Jesucristo. Fotos del rostro de Juan Vides se multiplican hasta el infinito mostrando a un héroe, símbolo de la lucha sin descanso de la Policía contra la delincuencia. La institución, de pronto, ha encontrado en este padre de familia su redención. 

No hace mucho tiempo, los tucumanos increpaban a los policías en las calles, reclamándoles la criminal sedición de diciembre de 2013 que dejó al menos ocho muertos (aunque se estima que pueden ser muchos más). Durante dos años, el estigma del abandono y la complicidad pesó socialmente sobre la fuerza. 

Hoy, la vida de Vides -el dolor de su niña de diez años y de su hijo por nacer, el llanto de sus compañeros y el horror de saberlo con un tiro en la cabeza por evitar un robo- aparecen como una ofrenda de reconciliación entre la Policía y la sociedad. Grafica el otro lado de una fuerza compuesta por hombres padres de familia, que exponen su vida por cuidar a los tucumanos. La balanza se ha inclinado a favor de la Comisaría, pero el costo ha sido altísimo. 

Los jueces determinarán quién lo mató. La historia, en cambio, juzgará si Vides no ha muerto en vano.