Una jueza bloqueó el veto de Trump al ingreso de refugiados e inmigrantes

La magistrada Ann M. Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn, Nueva York, dictó que los refugiados u otras personas afectadas por la medida y que han llegado a aeropuertos norteamericanos no pueden ser deportados a sus países. 

En un dictamen de emergencia, la magistrada respondió así a una demanda interpuesta por la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) contra la orden ejecutiva firmada por Trump el viernes, cuya constitucionalidad puso en duda. 

La ACLU, una de las organizaciones defensoras de los derechos civiles más importantes del país, presentó la demanda después de que dos ciudadanos iraquíes con visados especiales para entrar en Estados Unidos fueran retenidos en el aeropuerto JFK de Nueva York. 

Según ACLU, entre 100 y 200 personas resultaron detenidas al llegar a aeropuertos desde que Trump firmara la orden ese día, una semana después de su investidura, aunque no hay cifras oficiales que confirmen esa información. 

La jueza concluyó que aplicar el mandato del presidente con el envío de esas personas a sus países podría causar un "daño irreparable", informaron los medios locales. 

Con todo, Donnelly no declaró que los afectados puedan permanecer en el país ni se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida y fijó una audiencia para el 21 de febrero para volver a abordar el caso. 

Reacción judicial 

El decreto de Trump suspende tanto la entrada de todos los refugiados durante 120 días como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de escrutinio. 

Ante ello, fiscales generales de varios estados de Estados Unidos están discutiendo si presentan una medida judicial en contra de un decreto del presidente norteamericano, que restringe la entrada al país de personas de siete países donde la religión musulmana es mayoritaria. 

Se espera que los fiscales generales demócratas presenten una dura resistencia a las medidas de Trump, tanto como sus colegas republicanos lo hicieron con el ex presidente Barack Obama. Una demanda de los estados complicaría el panorama legal para el decreto de Trump, pues hasta ahora los recursos judiciales proceden mayoritariamente de personas.

Funcionarios de las fiscalías generales de Pensilvania, Washington y Hawái dijeron ayer que estaban considerando qué quejas en concreto pueden presentar y ante qué corte. 

 Fuente: La Gaceta